Corte Constitucional revisará la tutela que obligó a María Fernanda Cabal a reconocer la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP

El origen del caso

El litigio se remonta a una entrevista concedida por Cabal el 29 de octubre de 2025 al medio digital La Silla Vacía. En ella, la entonces senadora afirmó que la UP "fue el brazo político de las Farc" y que "los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el Eln". Además, cuestionó la responsabilidad del Estado en los crímenes contra ese movimiento político.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, interpuso una tutela en representación de víctimas agrupadas en la Corporación Reiniciar. La entidad sostuvo que esas expresiones reproducían un discurso estigmatizante contra los integrantes y sobrevivientes de la UP.

Lo que decidieron los jueces

En primera instancia, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá dio la razón a la Defensoría. Según lo reportado en ese momento, el despacho distinguió entre la libertad de opinión, que protege juicios de valor, y la libertad de información, que exige veracidad cuando se afirman hechos. Consideró que las afirmaciones de Cabal eran imputaciones fácticas sin soporte probatorio y que, como funcionaria pública, tenía un deber reforzado de veracidad. Le concedió cinco días hábiles para rectificar.

Cabal impugnó la decisión. Durante el proceso argumentó que sus palabras eran interpretaciones políticas dentro de un debate público sobre hechos históricos y que, por lo tanto, no eran susceptibles de rectificación. Sin embargo, el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la orden y concluyó que sus manifestaciones no resultaban acordes con la realidad probada judicialmente.

La exsenadora acató el fallo mediante un video en el que ofreció disculpas a las víctimas representadas por Reiniciar, aunque advirtió que seguiría defendiendo sus convicciones "por las vías constitucionales".

Qué significa la selección

En Colombia, todos los fallos de tutela llegan a la Corte Constitucional, pero esta solo revisa un pequeño número a través de sus salas de selección. Que un caso sea escogido no implica que la Corte vaya a cambiar lo decidido: significa que el tribunal estudiará de fondo el asunto y podrá confirmar, modificar o revocar las sentencias de instancia.

La sala que escogió el expediente estuvo integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo. Ibáñez explicó que la selección se justifica porque el caso trata sobre "la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos" y plantea "asuntos novedosos". Ambos medios recordaron que los dos magistrados fueron elegidos por el Senado cuando Cabal hacía parte de esa corporación.

El contexto judicial de la UP

La responsabilidad estatal en el exterminio de la UP no es un asunto abierto en el plano internacional. En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra miles de integrantes de ese partido desde 1984. A esa decisión se suman pronunciamientos de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La Corte Constitucional no ha fijado una fecha para emitir su decisión. Mientras tanto, las órdenes de los jueces de instancia siguen vigentes. El fallo que se adopte será clave para definir hasta dónde llega la libertad de expresión de los servidores públicos y cuáles son sus deberes frente a la memoria de las víctimas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué caso revisará la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional revisará la tutela que ordenó a María Fernanda Cabal rectificar sus declaraciones sobre la Unión Patriótica (UP) y reconocer la responsabilidad del Estado en el exterminio de este movimiento político.

¿Cuál fue el origen de la disputa legal contra María Fernanda Cabal?

El litigio surgió de una entrevista donde Cabal afirmó que la UP fue el "brazo político de las Farc" y cuestionó la responsabilidad del Estado en los crímenes, lo que llevó a la Defensoría del Pueblo a interponer una tutela por discurso estigmatizante.

¿Qué implicaciones tiene la selección de este caso por parte de la Corte Constitucional?

La selección significa que la Corte estudiará a fondo el asunto, pudiendo confirmar, modificar o revocar las sentencias de instancia, y su fallo será clave para definir los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos.