"No es una simple infracción ambiental": la Presidencia fija su ofensiva contra la gran minería criminal

Un nuevo delito dentro del Estatuto Antiterrorista

El eje de la estrategia es el Estatuto Antiterrorista, un proyecto de más de 130 artículos que elaboran de manera conjunta los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa. De acuerdo con lo expuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la iniciativa incluye un capítulo dedicado a las estructuras ligadas a la minería criminal y crearía un tipo penal específico, el de gran minería ilegal vinculada a organizaciones terroristas. Un tipo penal es la descripción legal de una conducta que se considera delito y a la que se asigna una pena.

El proyecto contempla además una lista nacional de organizaciones terroristas, penas más altas para los delitos cometidos por esas estructuras, un régimen carcelario especial para sus cabecillas y un mecanismo de incautación de bienes que el Gobierno diferencia de la extinción de dominio, es decir, del proceso judicial mediante el cual el Estado se queda con bienes de origen ilícito. El texto debía pasar por el Consejo Superior de Política Criminal antes de ser radicado en el Congreso, donde deberá surtir los debates de rigor.

Lara había anunciado "fuertes medidas contra la gran minería criminal" el pasado 4 de octubre, luego de sobrevolar en un helicóptero Mi-17 zonas de explotación ilegal en el Baudó, en el Chocó, y de difundir un video del recorrido en su cuenta de X.

Las cifras detrás de la ofensiva

El anuncio llega nueve días después de que el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaran el informe anual de explotación de oro de aluvión, es decir, el que se extrae de los lechos y orillas de los ríos. El documento registró 118.410 hectáreas con esta actividad en 2025, un 4,5 % más que en 2024. El 75 % de esa área no cuenta con autorización, y la explotación sin permisos creció 10 % en un año.

Chocó (41.493 hectáreas), Antioquia (24.282) y Bolívar (7.222) concentran el 82 % de la minería ilícita. Cerca de la mitad del área explotada se encuentra en zonas donde la minería está prohibida, incluidas 43.048 hectáreas en la Reserva Forestal del Pacífico, y 118 municipios registraron esta actividad junto a la presencia de al menos un grupo armado ilegal. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, resumió el diagnóstico como "una confrontación entre el Estado y las economías criminales".

La otra cara: formalizar a los pequeños mineros

La segunda parte del mensaje oficial, el respaldo a "quienes producen dentro de la legalidad", se apoya en un proyecto de ley de la representante Ana Ligia Mora, del Centro Democrático, que el Gobierno respaldó públicamente. La iniciativa propone una formalización por etapas: un permiso temporal de hasta un año para pequeños mineros y mineros de subsistencia, condicionado al abandono total del mercurio; un permiso de transición de seis meses, prorrogable una vez; y, al final, una licencia ambiental para la formalización.

El texto prevé también una ventanilla única de trámites y un certificado de origen para rastrear el oro. El ministro Lara lo calificó como "el complemento que necesita el Estatuto Antiterrorista". El proyecto apenas inicia su trámite y requiere cuatro debates para convertirse en ley.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la estrategia principal del Gobierno para enfrentar la gran minería criminal?

La estrategia principal es tratar la gran minería criminal como un delito que financia a grupos armados, aplicando herramientas del Estatuto Antiterrorista, y en paralelo, abrir una ruta de formalización para los pequeños productores.

¿Qué medidas específicas contempla el Estatuto Antiterrorista para la minería ilegal?

El Estatuto Antiterrorista incluirá un tipo penal específico para la gran minería ilegal vinculada a organizaciones terroristas, penas más altas, un régimen carcelario especial para cabecillas y un mecanismo de incautación de bienes.

¿Cómo se busca formalizar a los pequeños mineros?

Se propone un proyecto de ley que establece una formalización por etapas, incluyendo permisos temporales, de transición y licencias ambientales, con una ventanilla única de trámites y un certificado de origen para el oro.