La Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio advirtió que los retrasos en tratamientos, cirugías y acceso a medicamentos afectaron a docentes en todo el país, prolongando casos por meses y poniendo en riesgo su salud y la continuidad de su labor educativa.

En un comunicado, se mencionó el caso de la docente Gloria Catalina para ilustrar la gravedad de la situación, de acuerdo a lo que se expuso, desde octubre de 2023 (o la fecha correcta), la mujer enfrentó retrasos en tres cirugías necesarias y dificultades para obtener incapacidades médicas válidas.

Dicha situación deterioró su salud física y mental y la mantuvo imposibilitada de trabajar en una escuela rural de Quinchía. Se informó que todo comenzó con una ecografía que detectó miomas uterinos, lo que llevó a una histerectomía complicada en la que un mioma adherido a la vejiga fue retirado de manera inapropiada, causando ruptura vesical.

Tras esto, la docente requirió transfusiones y cuidados intensivos, y desde entonces debió portar una sonda vesical permanente y pañales, asimismo, en enero del año pasado se detectó una fístula que requirió intervención quirúrgica posterior, la cual solo se realizó tras interponer una acción de tutela que falló a su favor.

Pero pese a los procedimientos legales, la tercera cirugía aún no se ha concretado, siendo así, Catalina tuvo que lidiar con cancelaciones de citas, llamadas constantes a clínicas, dependencia de intermediarios para conseguir atención y asumir gastos de transporte, hospedaje y medicamentos, mientras su salario fue reducido o suspendido en algunos meses.

"Si desde un principio se hubiesen realizado los procedimientos en los tiempos correspondientes, ya estaría laborando con mis niños en la escuelita allá en la vereda", declaró la docente Gloria Catalina.

Por otra parte, la Veeduría Nacional advirtió que este caso no fue aislado, ya que muchos docentes y sus familias enfrentaron procesos de salud complejos retrasados por meses, afectando su bienestar, la continuidad de su labor educativa y su seguridad personal.

Exigieron que las autoridades del FOMAG, la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional garantizaran la atención oportuna y la prestación de servicios médicos adecuados.

Según expertos, los retrasos sistemáticos reflejaron deficiencias en la organización del sistema de salud del magisterio, que debía asegurar procedimientos de tercer nivel con recursos como Unidad de Cuidados Intensivos y reserva sanguínea, para no poner en riesgo la vida de los docentes.

Sobre la exposición de la situación, la docente explicó que, si bien era sabido que a muchos no les convenía que estas situaciones salieran a la luz y al escrutinio público, en la mayoría de los casos por intereses personales, “lo cierto es que no es solo mi caso; hay muchos docentes y sus familias que tienen procesos de salud complejos retrasados y que no lo mencionan públicamente, a lo mejor por miedo", dijo.

El estado del sistema de salud de los docentes ha sido denunciado frecuentemente por diversas organizaciones, tras el cambio impuesto por el Gobierno Nacional.

En otro orden de ideas, el sistema de salud general del país también atraviesa una situación compleja, pues solo el pasado 20 de marzo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) alertó sobre la escasez de medicamentos esenciales para la salud mental en varias regiones de Colombia, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH.

Según el gremio, esta situación ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes, lo que podría afectar gravemente su bienestar físico y emocional.

Finalmente, la ACP advirtió que la interrupción de los tratamientos psicofarmacológicos puede provocar recaídas, re hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los fármacos y un aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio, por ello, se subrayó la importancia de garantizar la adherencia y la continuidad de los esquemas médicos para lograr los objetivos terapéuticos.

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