Escándalo UNGRD: reuniones entre congresistas y funcionarios del gobierno en la mira de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia investiga un supuesto entramado de corrupción que involucra a congresistas y funcionarios del Gobierno Nacional en reuniones clave relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Según documentos revelados, estas reuniones, que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2023, habrían buscado favorecer proyectos del Ejecutivo en el Congreso, dejando al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una posición comprometedora.

Las reuniones bajo escrutinio

El 28 de noviembre de 2023 marcó el inicio de una serie de encuentros que, según los registros, incluyeron reuniones virtuales y presenciales. En la primera reunión, realizada a través de la plataforma Teams, participaron la exasesora del Ministerio de Hacienda Alejandra Benavides y los congresistas Wadith Manzur, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Karen Manrique, todos actualmente investigados por el caso UNGRD.

Posteriormente, el 4 de diciembre, se realizó un encuentro presencial en el Ministerio de Hacienda, en el que Karen Manrique fue recibida por Benavides y conducida a las oficinas cercanas al despacho del ministro Bonilla. Este patrón de reuniones continuó en los días siguientes, con momentos destacados como el 5 de diciembre, cuando se llevaron a cabo dos encuentros: uno en el despacho del viceministro Diego Guevara y otro en una sala del ala norte del Ministerio.

Sospechas de irregularidades

La Corte Suprema destacó que estas reuniones no siguieron los procedimientos habituales de las Comisiones Interparlamentarias, en las que normalmente participan equipos técnicos. En cambio, contaron con la presencia de altos funcionarios y congresistas en contextos que generaron dudas sobre su propósito real.

Entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, los congresistas de la Comisión Interparlamentaria dieron 13 conceptos favorables para créditos del Gobierno, un aumento notable frente a los cinco registrados en los cinco meses anteriores. Este repentino incremento, junto con la naturaleza de las reuniones, ha llevado a la Corte a investigar si estos encuentros estuvieron vinculados a posibles desvíos de dinero o pagos de favores políticos para asegurar el respaldo legislativo.

Las implicaciones para el gobierno petro

El ministro Ricardo Bonilla enfrenta un escrutinio creciente en medio de estas revelaciones, ya que las reuniones en su cartera alimentan las acusaciones de que altos funcionarios promovieron contactos irregulares con congresistas para facilitar acuerdos. Estas sospechas golpean directamente al Ejecutivo, que ya lidia con cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.

Alejandra Benavides, exasesora clave en el Ministerio de Hacienda, aparece como figura central en varias de estas reuniones, lo que podría ampliar el alcance de la investigación hacia otros actores gubernamentales.

El impacto político

El caso UNGRD sigue creciendo como uno de los escándalos más serios que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro. La conexión de congresistas investigados con funcionarios de alto nivel ha provocado una ola de críticas, tanto desde la oposición como de sectores independientes, que señalan un debilitamiento en los estándares éticos del Ejecutivo.

La Corte Suprema deberá determinar si estas reuniones constituyeron un mecanismo para canalizar recursos de manera ilícita o si se trató de contactos que, aunque inusuales, no representan actos ilegales. Mientras tanto, la confianza pública en el manejo del Gobierno y en su relación con el Congreso se encuentra en juego.

¿Qué sigue?

Con más reuniones bajo la lupa y un cronograma claro de fechas clave, las investigaciones de la Corte Suprema podrían desembocar en nuevas revelaciones sobre el alcance de las irregularidades. Además, la posición del ministro Bonilla y de los congresistas involucrados podría complicarse aún más si se comprueban desvíos o pactos ilícitos.

El caso UNGRD no solo pone en tela de juicio la transparencia del actual Gobierno, sino que también representa un desafío para el sistema de pesos y contrapesos en Colombia. Los próximos pasos de la Corte y las respuestas del Ejecutivo determinarán el impacto político y legal de este escándalo en el país.

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