EE.UU. degradó a Colombia en lucha contra la trata de personas y señaló falencias en atención a víctimas

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó a Colombia en el Nivel 2 de la clasificación internacional sobre la lucha contra la trata de personas, tras considerar que el país no cumple con los estándares mínimos para eliminar este delito.

La degradación se da luego de varios años en los que Colombia se mantuvo en la máxima categoría, conocida como Tier 1.

El reporte reconoce algunos avances, como el aumento de investigaciones, la condena de traficantes, incluidos dos funcionarios públicos y la cooperación internacional en capturas e incautación de bienes. Sin embargo, advierte que los esfuerzos no fueron suficientes ni sostenidos en comparación con periodos anteriores. Según EE. UU., persisten deficiencias estructurales en la atención a las víctimas y en los procesos judiciales.

Uno de los puntos más críticos fue la finalización, en mayo de 2024, de un convenio con una organización no gubernamental que ofrecía refugios de emergencia y asistencia especializada para adultos afectados por la trata. La cancelación dejó sin cobertura a cerca del 85% de las víctimas identificadas, la mayoría mujeres, aumentando el riesgo de revictimización.

El documento también señala que desde 2018 Colombia no procesa ni condena casos de trata laboral, a pesar de que la explotación de trabajadores es un fenómeno recurrente en el país. Además, en el último año se registraron menos investigaciones judiciales, menos víctimas identificadas y una reducción en los recursos destinados a enfrentar esta problemática.

Otro de los hallazgos del informe es la dependencia de las autoridades en la “autoidentificación” de las víctimas, sin protocolos de búsqueda activa que permitan detectar más casos. Esta limitación, advierte el reporte, contribuye al subregistro y afecta especialmente a jóvenes en situación de riesgo.

El Departamento de Estado indicó que la falta de reconocimiento del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados como una forma de trata de personas ha permitido la continuidad de esa práctica.

El informe resalta, además, que aún persisten vacíos de información y confusión en la sociedad colombiana respecto a lo que constituye este delito, pues en ocasiones se confunde con tráfico de migrantes u otras formas de explotación. Para Washington, las campañas de concientización adelantadas no han sido suficientes y se requiere una estrategia de prevención más robusta.

Con esta nueva clasificación, Colombia vuelve a una posición que no ocupaba desde 2014. El informe subraya que la trata puede ocurrir incluso cuando la víctima haya consentido inicialmente en trabajar o prestar un servicio, si posteriormente es sometida a fraude, coerción o violencia. El reto para el país será fortalecer sus políticas públicas, garantizar atención integral a las víctimas y avanzar en la judicialización de tratantes para evitar la impunidad.