Dispositivos GPS seguirán en carros blindados de la UNP pese a petición de legisladores

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que no retirará los dispositivos GPS instalados en los vehículos asignados a esquemas de seguridad, pese a la solicitud de cerca de 50 congresistas que pidieron desmontarlos argumentando riesgos a su intimidad y a su seguridad.

El director de la entidad, Augusto Rodríguez, explicó en una entrevista reciente que estos equipos no se instalan posteriormente, sino que vienen incorporados desde el momento en que los vehículos son contratados a las empresas proveedoras. Según Rodríguez, “hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar”.

El funcionario precisó que los GPS cumplen un papel en caso de emergencias, pues permiten ubicar un vehículo y activar protocolos de búsqueda. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha discutido el tema, pero no ha considerado indispensable eliminarlos. También señaló que la herramienta ha facilitado la recuperación de vehículos robados, como ocurrió recientemente en el Cauca.

La solicitud de los congresistas había sido enviada al Ministerio del Interior y a la UNP, en la que expresaban preocupación por una supuesta falta de autorización en la instalación de estos sistemas y pedían claridad sobre la cadena de custodia de la información. Con la respuesta de la entidad, se confirma que, por ahora, los equipos seguirán operando en todos los esquemas de seguridad vigentes.

Frente a las inquietudes de los congresistas sobre quién accede a la información de ubicación, Rodríguez aseguró que los datos permanecen dentro del dispositivo y no son consultados de manera rutinaria. “La información está en manos de la UNP. Solo puede ser revisada si hay una solicitud de la Fiscalía por la presunta utilización ilegal de un vehículo. En ese caso, se entrega el historial de desplazamientos”, indicó.

Respecto al caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado, Rodríguez negó que existiera alguna filtración de información relacionada con el GPS de su vehículo. Aseguró que el esquema era administrado por el propio protegido junto con su jefe de seguridad de la Policía y que nunca hubo denuncias ante la Fiscalía que motivaran la revisión del sistema.