Gobierno Petro concilió con banqueros, firma para pasaportes y minga indígena

El pasado martes 27 de agosto de 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro logró varios acuerdos en  temas neurálgicos que han tenido en vilo al país durante el último mes.

Acuerdo Petro-Banqueros

Ese día Gustavo Petro anunció un acuerdo con los  bancos del país para inyectar $55 billones adicionales en sectores estratégicos de la economía colombiana, con lo que ya no será necesario el proyecto de ley de  inversiones forzosas y en su reemplazo se firmó la alianza: por un “gran pacto de créditos” que beneficiarán a sectores de la población que normalmente no logran acceder a financiaciones.

La iniciativa quedó establecida para entregar los recursos durante los próximos 18 meses. Así, se empezará por asignar un mayor crédito a actividades de construcción y mejoramiento de vivienda, industria y manufactura, agricultura y turismo.

Acuerdo Petro- Thomas Greg & Sons

La película, por la pelea cazada por el presidente de Colombia contra la firma que tradicionalmente ha expedido los pasaportes, pareciera haber concluido.

Con la Procuraduría de intermediario, la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons llegaron a un acuerdo que le permitirá a la firma continuar en la fabricación de este documento en Colombia y participará en calidad de asesora del Gobierno en el nuevo modelo que se diseñó para la fabricación del documento con la ayuda de alguna empresa internacional.

Acuerdo Petro-Minga Indígena

Como consecuencia de los acercamientos entre Estado y autoridades indígenas, el Gobierno firmó un decreto denominado Autoridades Territoriales Económico Ambiental (Atea): “El decreto ATEA está listo. Es un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca y su organización, el CRIC. Un paso adelante en la concertación social. Ahora es importante lograr el gran pacto interétnico que permita un verdadero poder popular en el departamento y la paz”, señaló Petro.

Por su parte, los sectores campesinos se declararon preocupados con este empoderamiento solo al pueblo indígena y temen lo que pueda pasar con ellos.

El CRIC (indígenas) respondió que no hay nada que temer: “Las comunidades indígenas hemos protegido los espacios de vida, como los afluentes de agua, durante décadas sin recibir retribución alguna. Ahora, con el Gobierno del Cambio, se busca coordinar una mayor protección de estos espacios por parte de nuestras comunidades con el decreto ATEA. Es absurdo pensar que negaremos el acceso al agua a las comunidades interétnicas con las que siempre hemos convivido”, expusieron.