Defensoría del Pueblo alertó sobre grave deterioro de los derechos humanos en su informe de 2025

La Defensoría del Pueblo presentó su Informe de Gestión 2025 y advirtió sobre un deterioro significativo de la situación de los derechos humanos en Colombia, marcado por el incremento de las crisis humanitarias, la fragmentación del conflicto armado y la persistencia de riesgos que, según la entidad, no fueron atendidos de manera oportuna por las autoridades.

El balance expuesto durante la rendición de cuentas señaló que una de las situaciones más críticas del año se registró en la región del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC desencadenaron una emergencia humanitaria de gran magnitud. Esto llevó al Gobierno Nacional a declarar el estado de conmoción interior.

Entre los principales hallazgos del informe se destacó el incremento del desplazamiento forzado masivo; durante el año pasado se registraron 133 eventos que afectaron a 107.924 personas, lo que representó un aumento del 318,3 % en comparación con el año anterior.

La Defensoría también reportó que 128.825 personas permanecieron confinadas en distintos territorios debido a las restricciones impuestas por grupos armados ilegales. Según la entidad, este fenómeno continúa siendo una de las formas de victimización más difíciles de visibilizar, ya que las comunidades afectadas enfrentan limitaciones para denunciar su situación.

El informe advirtió una transformación en las estrategias empleadas por los actores armados. Durante 2025 se documentó, además, el uso recurrente de drones cargados con explosivos y ataques de francotiradores en zonas pobladas, prácticas que, según la Defensoría, desconocen los principios del Derecho Internacional Humanitario.

La entidad también alertó sobre nuevas modalidades de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el reporte, grupos armados ilegales utilizaron plataformas digitales y redes sociales para captar jóvenes mediante contenidos que promovían o romantizaban la vinculación a estructuras criminales.

Los menores de edad, junto con líderes sociales, mujeres, pueblos indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz, figuraron entre las poblaciones más expuestas a riesgos durante el año. El informe indicó que los líderes sociales estuvieron presentes en la totalidad de las alertas tempranas emitidas por la entidad y que al menos 1.642 personas de este grupo fueron objeto de amenazas.

Asimismo, el Sistema de Alertas Tempranas emitió 20 alertas relacionadas con situaciones de riesgo para las comunidades; sin embargo, la Defensoría señaló que la respuesta institucional continuó siendo insuficiente. De los 37 informes de seguimiento realizados a las alertas emitidas, 23 evidenciaron bajos niveles de cumplimiento por parte de las autoridades responsables de implementar medidas de prevención y protección.

La entidad concluyó que, en numerosos territorios, los riesgos advertidos no solo persistieron, sino que se agravaron debido a la falta de acciones efectivas por parte del Estado.

El informe también alertó sobre el avance de problemáticas ambientales vinculadas a economías ilegales. Durante el año se perdieron 72.409 hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonía, mientras que la minería ilegal continuó afectando fuentes hídricas mediante el uso de mercurio.

En materia social, la Defensoría recibió 184.731 peticiones ciudadanas y registró un aumento superior al 40 % en las quejas formales frente a 2024; el derecho a la salud fue el más vulnerado, con más de 51.000 registros relacionados principalmente con dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y citas médicas.

Por último, la Defensoría del Pueblo concluyó que los desafíos en derechos humanos durante evidenciaron una necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional y adoptar medidas estructurales que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones más vulnerables del país.

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