Contraloría alerta por contratación de $4,55 billones en el último mes del Gobierno Petro y advierte riesgos para las finanzas públicas

Contraloría pone bajo la lupa la contratación del Gobierno saliente

La Contraloría General de la República emitió una alerta preventiva sobre el comportamiento de la contratación pública en la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro. El organismo informó que entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 fueron suscritos 14.414 contratos por un valor cercano a los $4,55 billones, una cifra que representa un incremento frente al mismo periodo de transición presidencial registrado hace cuatro años.

La advertencia fue dirigida al Ministerio de Hacienda mediante el mecanismo de Función de Advertencia, instrumento con el que la Contraloría busca prevenir posibles riesgos para el patrimonio público antes de que se materialicen afectaciones fiscales.

Según el ente de control, el aumento de la contratación coincide con el levantamiento de las restricciones previstas por la Ley de Garantías, una vez concluidas las elecciones presidenciales.

Más de 11.000 contratos fueron adjudicados por contratación directa

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Contraloría es la modalidad utilizada para una parte importante de los procesos.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 11.000 contratos fueron celebrados mediante contratación directa, mecanismo permitido por la legislación en determinadas circunstancias, pero que prescinde de procesos competitivos de selección como las licitaciones públicas.

El organismo señaló que esta modalidad registró un crecimiento considerable durante el periodo analizado, situación que motivó una revisión especial sobre la planeación, el respaldo presupuestal y la concentración de recursos en algunas entidades nacionales.

La Contraloría indicó que el volumen de contratación observado representa un incremento aproximado del 22,5 % frente al periodo equivalente correspondiente al cambio de gobierno anterior.

Las principales alertas recaen sobre varias entidades nacionales

Dentro del análisis realizado por el organismo de control, se identificaron entidades que concentraron una parte importante de los recursos comprometidos durante este periodo.

Entre ellas figura la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde la Contraloría reportó una aceleración significativa en la contratación bajo modalidades no competitivas. También fueron objeto de observación el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Vías (Invías), este último por procesos relacionados con obras de infraestructura de alta cuantía.

En el caso de Invías, el informe hace referencia a contrataciones vinculadas con proyectos del programa Vías para la Paz, entre ellas una licitación para la construcción de la variante de Chachagüí, en Nariño, por más de $650.400 millones.

Preocupación por el impacto sobre las finanzas públicas

La Contraloría expresó que el incremento de los compromisos contractuales ocurre en un contexto de restricciones fiscales, marcado por menores niveles de recaudo tributario y presiones sobre la liquidez del Gobierno Nacional.

El organismo advirtió que asumir nuevas obligaciones sin contar con fuentes de financiación plenamente respaldadas podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas y comprometer recursos de futuras vigencias presupuestales.

Además, señaló que parte de los contratos suscritos contempla ejecuciones de mediano y largo plazo, con compromisos que podrían extenderse entre dos y cuatro años, circunstancia que limitaría la disponibilidad presupuestal de la administración entrante para desarrollar nuevas políticas públicas.

Siete factores de riesgo fueron identificados

En su Función de Advertencia, la Contraloría enumeró varios aspectos que considera prioritarios para el seguimiento preventivo de la contratación estatal.

Entre ellos, mencionó la insuficiente planeación financiera en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa frente a los procesos competitivos, la concentración de decisiones contractuales en pocos ordenadores del gasto y la falta de respaldo financiero suficiente para algunas obligaciones adquiridas.

Igualmente, advirtió sobre la presión que estos compromisos ejercen sobre la caja del Gobierno Nacional, los rezagos en las reservas presupuestales necesarias para atender contratos vigentes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre la ejecución de obras y servicios.

La advertencia busca proteger el patrimonio público

La Función de Advertencia emitida por la Contraloría no constituye una decisión sancionatoria ni implica la existencia de irregularidades previamente comprobadas. Se trata de un mecanismo preventivo mediante el cual el organismo de control informa a las entidades responsables sobre posibles riesgos fiscales para que adopten las medidas correspondientes.

La alerta se produce en un contexto de amplio debate sobre la situación de las finanzas públicas, mientras el Gobierno continúa desarrollando operaciones de financiamiento mediante la emisión de deuda pública y avanza en la ejecución presupuestal durante los últimos días de la actual administración.

La Contraloría anunció que continuará realizando seguimiento a la ejecución de estos contratos y a su impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Estado, con el propósito de verificar que los recursos públicos sean administrados conforme a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal.