Fiscalía abre investigación contra Juliana y Verónica Guerrero por presunta red de corrupción en contratación pública

Fiscalía ordena investigación por presuntas irregularidades en contratación estatal

La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, luego de que ambas fueran señaladas de integrar un supuesto esquema de intermediación irregular para favorecer a empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional.

El ente investigador informó que dispuso la intervención de la policía judicial para adelantar la recolección y verificación de los elementos probatorios relacionados con el caso. Asimismo, confirmó que el proceso quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia encargada de establecer si existió una organización dedicada a direccionar procesos contractuales mediante el pago de sobornos.

La actuación judicial se produce tras las revelaciones publicadas por la revista Semana, que expuso documentos, conversaciones, audios, registros de viajes y comprobantes de transferencias que, según esa investigación periodística, evidenciarían un presunto mecanismo para gestionar contratos públicos a cambio de pagos económicos.

Las indagaciones abarcan hechos ocurridos entre 2024 y 2025

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre mediados de 2024 y marzo de 2025.

Según el material divulgado, existiría una estructura de cobros previamente establecida para quienes buscaban acceder a proyectos financiados por entidades del Gobierno nacional. Entre los documentos conocidos se menciona una supuesta tabla de tarifas que contemplaba el cobro de un millón de pesos por reuniones con funcionarios, un anticipo de $200 millones para iniciar las gestiones y un pago equivalente al 10 % del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.

Las investigaciones también apuntan a que Juliana Guerrero habría sido el enlace con algunos funcionarios del Gobierno, mientras que Verónica Guerrero, junto con David Trespalacios, presuntamente mantenía el contacto directo con empresarios interesados y administraba la coordinación de los recursos económicos relacionados con esas gestiones.

Empresarios relataron presuntas ofertas de intermediación

La investigación periodística recoge los testimonios de varias personas que aseguran haber recibido propuestas para participar en proyectos públicos.

Entre las iniciativas mencionadas aparecen contratos relacionados con sistemas de cámaras de seguridad, obras de acueducto en el departamento del Cesar y programas de mejoramiento de vivienda.

Uno de los empresarios consultados por Semana, cuya identidad fue reservada, aseguró que dentro de las conversaciones se habría planteado el pago de $35 millones por cada municipio donde se lograra la adjudicación de proyectos, además de un porcentaje equivalente al 10 % del valor de los programas de mejoramiento de vivienda.

Estas afirmaciones hacen parte del material que ahora será objeto de análisis por parte de la Fiscalía para establecer su autenticidad y determinar si existen responsabilidades penales.

Documentos incluyen chats y registros de viajes

Entre los elementos que motivaron la apertura de la investigación figuran conversaciones de WhatsApp, registros de vuelos y otros documentos relacionados con un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar.

Según la información divulgada, Verónica Guerrero habría coordinado reuniones con Edward Libreros, entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Los documentos incluyen registros de tiquetes aéreos para un desplazamiento entre Bogotá y Aguachica realizado en diciembre de 2024.

Asimismo, se conoció un mensaje atribuido a Verónica Guerrero en el que afirma: “Mi hermana ya está en eso. Ya habló con él. Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. La Fiscalía deberá establecer el contexto, autenticidad y alcance de estas comunicaciones dentro del proceso investigativo.

La defensa rechaza las acusaciones

Tras conocerse la apertura de la investigación y la publicación de las denuncias periodísticas, Juliana Guerrero respondió a través de un comunicado emitido por la firma de abogados Alzate Hernández, encargada de su representación jurídica.

En el documento, la defensa negó que Guerrero hubiera participado en reuniones, pagos o gestiones irregulares relacionadas con la adjudicación de contratos estatales.

El equipo jurídico sostuvo que no existen pruebas que acrediten la comisión de conductas ilícitas y señaló que la investigada ha mantenido silencio por respeto a las actuaciones de la justicia. “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, expresó Guerrero en el comunicado.

La defensa agregó que decidió pronunciarse públicamente porque considera que ese silencio ha sido interpretado de manera equivocada como una aceptación de los señalamientos.

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas

Con la apertura formal de la investigación, la Dirección Especializada contra la Corrupción adelantará las diligencias necesarias para verificar la información conocida hasta el momento y determinar si existen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades penales.

Por ahora, la actuación judicial se encuentra en etapa de indagación, por lo que la Fiscalía continuará recopilando pruebas documentales, testimoniales y técnicas antes de adoptar decisiones de fondo dentro del proceso. Mientras tanto, las personas mencionadas en la investigación mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, conforme a lo establecido en la legislación colombiana.