César Gaviria cuestionó estrategia de “Paz Total” y advierte sobre crisis de seguridad y salud en Colombia

El expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal Colombiano, emitió un comunicado en el que formula una crítica a la política de seguridad del actual gobierno y advierte sobre un agravamiento en la situación del sistema de salud del país.

Gaviria señala que la intensificación de la violencia en Colombia es “innegable” y cuestiona la efectividad de la estrategia de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, afirmando que ha derivado en una política “ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales”.

En el documento, advierte que, a casi tres años del inicio del actual mandato presidencial, los resultados muestran un deterioro sostenido en indicadores como homicidios, desplazamiento forzado y confinamiento. Además, señala una pérdida de capacidad operativa de la Fuerza Pública, la ausencia de una hoja de ruta clara y vacíos de autoridad en zonas con presencia de economías ilegales.

Como ejemplo de lo que califica como “fragilidad del enfoque actual”, menciona la masacre del 15 de enero en el Catatumbo, donde el ELN asesinó a más de 60 personas, incluidos excombatientes del EMC-FARC. El hecho provocó el desplazamiento de más de 50.000 personas y afectó a comunidades como la indígena Barí. Posteriormente, el Gobierno suspendió los diálogos con el ELN el 17 de enero y declaró el estado de conmoción interior el 24 de enero.

Gaviria considera que esta situación evidencia una falta de herramientas de verificación y capacidad de respuesta operativa frente a los grupos armados. Señala también la ausencia de figuras con formación militar en la dirección de la estrategia de “Paz Total”, lo que, en su concepto, impide una respuesta efectiva a la violencia en las regiones.

El expresidente se refirió a un fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, relacionado con la suspensión de órdenes de captura. A su juicio, esta decisión puso en evidencia la falta de criterios claros en la política de paz del Gobierno.

Cuestionó además el llamado “plan pistola” atribuido al Clan del Golfo, y reprochó que no se haya excluido a estos grupos de los procesos de paz. Criticó también una propuesta del Presidente y del Ministro de Justicia para otorgar beneficios judiciales a criminales comunes, sin relación con procesos de paz, a través de una ley ordinaria.

El expresidente se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, indicando que ha sido fallida y que la actual política de “Paz Total” ha ignorado completamente lo pactado. Citó declaraciones del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, sobre la necesidad de una implementación decidida del Acuerdo.

Gaviria sostiene que, pese al apoyo de la comunidad internacional, la falta de avances concretos y de autoridad articuladora ha debilitado la confianza en el proceso.

El exmandatario advirtió que en lo corrido del año se han registrado más de 23 paros armados por parte del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC-EP. En el Chocó, estos hechos han causado el confinamiento de más de 5.900 personas y el desplazamiento de al menos 3.600 habitantes, según cifras de la Gobernación.

También cuestionó la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, afirmando que su estructura es “precaria” y sin resultados visibles. En contraste, señaló que el único avance ha sido la reintegración del Frente Comuneros del Sur (ex ELN), algo que considera mínimo frente a las expectativas del gobierno.

Gaviria citó recientes declaraciones del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la necesidad de aumentar los recursos para la Fuerza Pública, mejorar condiciones de vida de los uniformados y modernizar el equipamiento. Sin embargo, advirtió que estos planteamientos entran en contradicción con otros pronunciamientos del mismo ministro, quien ha afirmado que las Fuerzas Armadas no están desfinanciadas.

El expresidente reiteró que departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Norte de Santander evidencian un recrudecimiento del conflicto armado y una creciente disputa territorial entre grupos armados.

En la parte final del comunicado, Gaviria se refirió a la situación del sistema de salud, señalando que atraviesa por un colapso. Denunció una crisis en el acceso a medicamentos, asignación de citas y la clausura de programas, como el de enfermedades huérfanas. Mencionó, además, el caso del sistema de salud de los maestros, con deudas que superan los $469.000 millones.

Indicó que la Superintendencia Nacional de Salud, encargada hoy de la mayoría de EPS intervenidas, ha sido “incapaz” de administrar técnicamente el sistema. Enfatizó que la Contraloría General de la República ha documentado irregularidades en el uso de recursos para implementar el acuerdo de paz a través del Ocad Paz, con 37 procesos de responsabilidad fiscal abiertos por un total de $97.881 millones.

Advirtió que, incluso con una inyección extraordinaria de recursos fiscales, el sistema de salud apenas podría sostenerse por unos meses más. También expresó dudas sobre la efectividad del nuevo decreto del Gobierno para resolver esta situación, y afirmó que ha habido desacato a disposiciones de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud.

Finalmente, el expresidente Gaviria concluye su comunicado señalando que el país necesita una política de seguridad adaptable y estratégica que garantice estabilidad. Reitera que la paz requiere autoridad y el ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza por parte del Estado.