Daniel Quintero amenaza con revocatoria contra el gobernador Rendón y cien alcaldes de Antioquia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, salió en redes con una propuesta que no ha dejado de llamar la atención por lo risible que alcanzó a hacer, buscando participar del plano de la política en Antioquia. En su cuenta de X, el desacreditado y cuestionado exalcalde anunció su intención de promover una revocatoria contra el gobernador Andrés Julián Rendón y cien alcaldes del departamento que respaldan la creación de un impuesto de seguridad.

La iniciativa de Rendón, que busca financiar la logística de la fuerza pública a través de un cargo adicional en la factura de energía, ha polarizado la región y despertado un intenso debate público que ha hecho que desde los propios sectores afines al Gobernador, se escuchen fuertes críticas a la iniciativa.

La polémica propuesta de impuesto de seguridad

El proyecto de ordenanza, defendido por el gobernador Rendón, propone recaudar fondos para mejorar la tecnología, infraestructura y movilidad de las fuerzas de seguridad en Antioquia. Según el documento presentado por la Gobernación, el impuesto se aplicaría a través de la factura de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y afectaría a diversos sectores.

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El Gobernador ha justificado la medida como una solución a la falta de recursos destinados por el Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en el departamento. “Esta tasa es necesaria para cubrir las áreas que han sido desatendidas por la Nación, garantizando una seguridad digna y eficiente para los antioqueños,” afirmó Rendón.

No obstante, la propuesta no ha gozado de aceptación en diferentes sectores como el productivo, en donde los gremios y empresarios se han pronunciado en contra de la iniciativa, no porque la seguridad no sea una prioridad, sino porque la manera como el Gobernador lo pretende cobrar y el momento para aplicarlo, es considerado, inconveniente.

Al Gobernador, le han llagado mensajes directos del propio Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con posición clara en contra del impuesto como está planteado, igualmente, a la Asamblea, llegó un documento técnico de EPM, que deja ver que si el impuesto se crea, las Empresas Públicas no estarían en disposición para cobrarlo en la factura.

Pero el que existan voces en contra, no significa que no haya un importante apoyo político a la iniciativa por parte de 100 de los 125 alcaldes que tiene el departamento, algo que es importante, pues los administradores locales en los municipios, ven la necesidad de este impuesto, ante una realidad que los aqueja que es la necesidad de seguridad.

El tema, entonces, se debate entre la polémica propuesta por inconveniente en el momento y en su metodología que castiga principalmente a los empresarios y comerciantes y ciudadanos de estratos 4,5 y 6 que no están significativamente en los municipios del departamento, sino en Medellín y el Valle de Aburrá; y la necesidad de que se financien programas y tecnología para la seguridad de los municipios del resto del departamento, en donde los que pagarían el impuesto practicamente no habitan.

La respuesta de Quintero: una amenaza ¿contundente o solo un mensaje de risa?

Lo que en medio de este debate llamó la atención fue la curiosa reacción del cuestionado exalcalde Daniel Quintero, quien con vehemencia a la iniciativa, advirtió que, de ser aprobada, liderará una revocatoria tanto contra el Gobernador como contra los 100 alcaldes que han manifestado su apoyo. “Prometo que si aprueban la propuesta del Gobernador de Antioquia de subir los servicios públicos iniciaré una revocatoria contra el Gobernador y cada uno de los 100 alcaldes que apoyaron la iniciativa,” escribió Quintero en sus redes sociales.

El anuncio ha agitado las redes sociales, con voces a favor y en contra, que en su mayoría le ha generado burlas al exmandatario local, a quien acusan de buscar desesperadamente un protagonismo político que no tiene.

Los respaldos al proyecto y la respuesta a Quintero

Pese a las críticas, el proyecto de impuesto de seguridad cuenta con un respaldo significativo. Esta semana, un grupo de 100 alcaldes del departamento manifestó su apoyo a la propuesta, destacando la necesidad de fortalecer la seguridad en sus municipios.

El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, uno de los principales aliados de Rendón y miembro del Centro Democrático, respondió con firmeza a las amenazas de Quintero: “No les tenemos miedo a sus amenazas y vamos a seguir trabajando de la mano de quienes lideran estas iniciativas y buscan devolver la paz y la seguridad a los antioqueños.”

El proyecto ya pasó su primer debate en la Asamblea de Antioquia con seis votos a favor y dos en contra. Ahora se espera una discusión más amplia, tanto en el órgano legislativo como en la opinión pública, donde el tema es seguido con lupa.

El apoyo cuenta con pesos pesados que respaldan a Rendón, entre ellos, la mayoría de la bancada paisa en el Congreso, como el caso de Andrés Guerra Hoyos, hoy precandidato presidencial por el Centro Democrático.

El impacto económico y social

La propuesta ha generado críticas entre sectores empresariales y gremios que consideran que el nuevo impuesto podría aumentar los costos operativos y afectar la competitividad de la región. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Inter; han expresado su preocupación, mientras que ciudadanos de estratos medios y altos también han manifestado su inconformidad por el impacto que tendría en sus facturas de energía.

El tema es que el texto del proyecto de ordenanza que avanza en la Asamblea Departamental y que debe definirse si se aprueba o no en las próximas horas, tiene preocupados a los estratos 4, 5 y 6, que habitan principalmente en los municipios de Medellín y el Valle de Aburrá, al igual de los empresarios, comerciantes e industriales; sobre los que se recarga el pago del impuesto.

Para algunos, como está planteado el impuesto no se trata de un tributo para Antioquia, porque los habitantes de la mayoría de los municipios del departamento no los pagarían, pues allí no están ubicados los estratos a los que se le aplican ni las empresas; lo que hace que sea más entendido como una especie de focalización de unos segmentos de la población que terminarían “subsidiando” la seguridad de otros y no la propia.

Así las cosas, las críticas están en el impacto que tiene en unos pocos para subsidiar a resto del departamento; por ello es que señalan que el Gobernador debe replantear el impuesto para que sean “todos los antioqueños” el que lo paguen de manera que no quede recargado sobre los sectores productivos, que ya están saturados de tantos impuestos lesionando la capacidad de poder continuar generando empleo.

Sin embargo, alcaldes y funcionarios que apoyan la iniciativa argumentan que la inseguridad es uno de los principales desafíos en el departamento y que la tasa es un esfuerzo necesario para abordar la problemática; lo que también es cierto. Por esto se le pide al Gobernador que analice otras formas de aplicarlo.

A esto se suma la viabilidad técnica y jurídica de cobrar el impuesto como una «sobretasa» en los servicios públicos, al querer el gobernador, que el cobro de haga a través de los recibos de servicios. EPM, la principal empresa de servicios públicos del departamento, ve difícil la aplicación en las actuales condiciones, pues en primer lugar, afectaría el valor total de las tarifas que los ciudadanos pagan, en un punto en el que los costos de la energía, el gas y el agua se han disparado por la crisis actual; además de que las tarifas y las cuentas de servicios son sujeto de regulación y vigilancia de la CREG. EPM advierte que este cobro es inconveniente y genera un duro golpe para el bolsillo de los usuarios.

Un debate político cargado de tensiones

En las redes llaman la atención de la posición del exalcalde Quintero, quien hoy amenaza con «revocatorias», sabiendo que él fue objeto de un proceso de revocatoria. Indican que causa risa saber que quien hoy se las da de «petrista» da la impresión de sumarse a las voces de sus contradictores que también está e contra de la iniciativa de Rendón, auqnue se ríen de lo de aquello de revocar a 101 mandatarios entre ellos el Gobernador.

El tema ha dividido a la opinión, lo que pone en evidencia las profundas divisiones con respecto a este impuesto, pues se sabe que es necesario, pero hay una gran parte de la población y sectores que no lo ven viable de la manera como lo propone el Gobernador de Antioquia. Mientras el Rendón defiende su propuesta como una solución urgente y necesaria, hay sectores de la derecha, a las que Quintero hoy se suma, que muestran un descontento social.

El escenario también refleja la creciente polarización en la región, con actores políticos que aprovechan la coyuntura para consolidar su base de apoyo o debilitar a sus adversarios, como parece ser el caso de Quintero, quien con esta coyuntura, estaría «pescando en río revuelto».

Lo que está en juego

La jugada de Quintero de salir a rechazar el impuesto, pero ir más allá amenazando con una revocatoria, ha sido objeto de burlas, lo primero porque el exalcalde de Medellín termina sumándose a quienes siempre atacó: un gran sector de la derecha y a los empresarios; y segundo, porque que Quintero hable de “revocatoria” cuando él mismo con presiones indebidas y triquiñuelas hizo hasta lo imposible por evitar que la suya se hiciera efectiva, es más que risible.

Mientras en las redes sociales, decenas de personas lo llaman “payaso”, algunos analistas señalan que Quintero lo que intenta con este tipo de mensajes “desesperados” es tratar de conquistar un título que no ha logrado ni por mote ni por reconocimiento, que es el de buscar ser el “jefe de la oposición” en Antioquia. Los analistas recuerdan que la credibilidad del Quintero está por el piso en esta parte del territorio y que este tipo de comentarios solo causan risa en gran parte de la población paisa.

No obstante, la discusión sobre el impuesto de seguridad sí es un tema serio que no solo aborda un tema financiero, sino también el manejo de la seguridad pública y la relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía. Con un apoyo significativo en la Asamblea y entre los alcaldes, la propuesta podría avanzar, pero enfrentará resistencias tanto en el ámbito político como en el social.

Por su parte, Daniel Quintero parece intentar liderar una cruzada contra el gobernador Rendón, apareciendo en el escenario regional sin poder alguno ni credibilidad. La realidad es que el departamento pasa por encima de los intentos oportunistas del exalcale; por el momento, no deja de divertir a sus adversarios en las redes con estos comentarios y propuestas.