Federico Gutiérrez arremetió contra Afinia y acusó a los “Hermanitos Q” de desangrar a EPM

Una nueva declaración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso nuevamente a Afinia en el centro de la controversia por la situación financiera de EPM y por las investigaciones que involucran decisiones adoptadas durante la administración de Daniel Quintero.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez calificó a Afinia como “el peor chicharrón” que, según sus palabras, dejó la administración anterior y lanzó fuertes acusaciones contra quienes identifica como “Los Hermanitos Q”, expresión con la que se refiere al exalcalde Daniel Quintero y a su hermano Miguel Quintero.

“Afinia es el peor chicharrón que nos dejaron ‘Los Hermanitos Q’. Entraron a ese negocio para robarse la empresa”, afirmó el alcalde.

Gutiérrez sostuvo además que las consecuencias de las decisiones adoptadas durante la anterior administración están siendo asumidas actualmente por EPM y, por extensión, por Medellín.

“Hoy EPM y Colombia están pagando las malas decisiones y los actos de corrupción de estos bandidos. Están desangrando la empresa”, aseguró.

Los señalamientos del mandatario se producen en medio de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con Afinia. La Alcaldía de Medellín informó en julio de 2026 que, dentro de los 666 hallazgos de presunta corrupción que atribuye a hechos ocurridos durante la administración 2020-2023, se encuentra un expediente relacionado con la filial de EPM en la Costa Caribe.

Según la información presentada por la administración distrital, un testigo habría declarado ante las autoridades que la gerencia de Afinia fue presuntamente negociada con el propósito de obtener influencia sobre la contratación de la compañía. La Alcaldía señaló inicialmente que el testimonio hablaba de una negociación por ocho millones de dólares.

En publicaciones recientes, Gutiérrez también ha hecho referencia a otro reporte periodístico basado en declaraciones entregadas a la Fiscalía, según el cual la supuesta negociación habría involucrado cinco millones de dólares. Esa versión ha sido atribuida a testimonios dentro de la investigación y no constituye por sí misma una decisión judicial que establezca responsabilidad penal.

El alcalde también ha cuestionado los resultados financieros de Afinia. En una publicación reciente afirmó que EPM estaría perdiendo alrededor de 1,5 billones de pesos anuales por cuenta de la filial y sostuvo que esta situación representa un impacto directo para la empresa pública y para las finanzas de Medellín.

Las afirmaciones hacen parte de una serie de denuncias que Gutiérrez ha venido realizando sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno de Quintero. En julio, la Alcaldía reportó 666 hallazgos, 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, 25 medidas de extinción de dominio y más de 13.000 elementos probatorios relacionados con las investigaciones que adelantan las autoridades.

En el caso específico de Afinia, también se ha conocido que durante el proceso de selección de su gerente, Daniel Quintero remitió la hoja de vida de Javier Lastra. Quintero ha sostenido que se trató de una recomendación profesional y ha negado que hubiera ejercido presiones indebidas para lograr el nombramiento.

La controversia alrededor de Afinia se mantiene así vinculada a dos debates: por un lado, las condiciones financieras y operativas de la filial de EPM en la Costa Caribe y, por otro, las investigaciones judiciales sobre la manera en que se habría manejado la empresa durante los años posteriores a su creación.

Gutiérrez ha insistido en que los hechos deben ser esclarecidos por las autoridades y ha cuestionado públicamente que, pese a los avances de las investigaciones, algunos de los señalados aún no enfrenten medidas de aseguramiento.

Mientras avanzan los procesos judiciales, las acusaciones sobre una eventual negociación de la gerencia, el direccionamiento de contratos y las pérdidas atribuidas a Afinia continúan siendo materia de investigación y debate público. La responsabilidad individual de los señalados deberá ser determinada por las autoridades competentes, a partir de las pruebas incorporadas a los respectivos procesos.