(ANÁLISIS) El costo de castigar las compras por internet: consumidores y productores pagarían la factura de una política tributaria que no contempla víctimas

El consumidor: el primer afectado por el encarecimiento de las compras

La discusión sobre los impuestos a las compras internacionales por internet suele presentarse como un enfrentamiento entre las plataformas extranjeras y los productores colombianos. Sin embargo, esa lectura deja en segundo plano a un actor que termina soportando directamente buena parte de las consecuencias: el consumidor. El director de Llibertank, Camilo Guzmán, lo dijo claramente en una de sus publicaciones en su cuenta de X.

Cuando se incorpora un impuesto a una transacción comercial, su costo puede trasladarse al precio final y reducir la capacidad de compra de quien adquiere el producto. En el caso de las operaciones de bajo valor realizadas por internet, ese efecto resulta especialmente relevante para los hogares que utilizan estas plataformas como una alternativa para conseguir ropa, calzado, accesorios y otros artículos a precios inferiores a los disponibles en el mercado local.

El comprador que recurre a estas plataformas no necesariamente lo hace por desconocimiento de la industria nacional ni por falta de compromiso con la economía colombiana. En muchos casos, responde a una decisión de presupuesto. Busca que sus ingresos alcancen para cubrir más necesidades y compara las alternativas disponibles antes de gastar. Esa conducta forma parte de la libertad económica del consumidor y de su derecho a disponer de sus recursos de acuerdo con sus prioridades, señala Guzmán.

El encarecimiento de estas compras reduce esa capacidad de elección. El impuesto no desaparece por el hecho de que su origen sea una operación internacional. Si se traslada al precio que paga el comprador, termina disminuyendo su poder adquisitivo. La consecuencia puede ser que compre menos, que busque productos de menor calidad o que deba destinar una proporción mayor de sus ingresos a adquirir los mismos bienes.

El impacto distributivo merece especial atención. Para un hogar de ingresos altos, pagar un valor adicional por una compra puede representar una modificación menor de su presupuesto. Para una familia con recursos limitados, ese incremento puede significar renunciar a otros gastos. Por eso, una política tributaria que encarece las compras de bajo valor debe evaluarse no solo por el recaudo que espera obtener, sino también por la carga que impone sobre los consumidores. Como afirma Guzmán, el impuesto no es para las empresas chinas, sino que lo pagan los consumidores colombianos.

El productor colombiano: protegido de la competencia, pero no necesariamente fortalecido

La situación de los fabricantes nacionales constituye el otro componente central de esta discusión, según Camilo Guzmán. La industria colombiana enfrenta dificultades que no pueden explicarse exclusivamente por la competencia de las plataformas internacionales. Los costos laborales, las obligaciones tributarias, las cargas parafiscales, los trámites aduaneros y las dificultades para acceder a insumos y financiación forman parte de un entorno que puede reducir su capacidad para competir.

Los empresarios locales han desarrollado marcas, procesos productivos y redes comerciales en condiciones que no siempre favorecen la expansión de sus negocios. Muchos han tenido que adaptarse a cambios del mercado, variaciones de costos y exigencias regulatorias. Su problema no se resuelve simplemente encareciendo los productos importados. Si producir en Colombia continúa siendo costoso, la protección arancelaria puede ofrecer un alivio parcial frente a determinados competidores, pero no corrige las causas estructurales que limitan la productividad.

En ese punto aparece una contradicción en la política económica. Cuando una empresa nacional no puede competir con un producto extranjero más barato, la respuesta institucional puede concentrarse en elevar el precio de la alternativa importada. Sin embargo, esa decisión no reduce los costos internos de fabricación, no mejora la infraestructura logística, no facilita el acceso al crédito ni simplifica los procedimientos que afectan a los productores.

La protección comercial puede tener justificaciones económicas en determinadas circunstancias, pero no debe confundirse con una estrategia integral de competitividad. Si se utiliza como sustituto de las reformas que necesita el aparato productivo, corre el riesgo de trasladar el costo de las ineficiencias al consumidor sin garantizar que las empresas nacionales mejoren sus procesos.

El productor colombiano necesita condiciones para crecer, invertir, innovar y generar empleo. Eso exige revisar las cargas que enfrenta, facilitar la adquisición de materias primas, mejorar la infraestructura y reducir los obstáculos que encarecen su actividad. Una industria competitiva no se construye únicamente limitando la competencia extranjera; se construye fortaleciendo su capacidad para responder a ella.

Un elemento accesorio ya vivido en la historia del país es que este tipo de medidas termina incentivando el contrabando, pues encarecer productos en el consumo interno que se adquieren más baratos por fuera hace rentable.

Las plataformas internacionales y la ventaja de la escala

Las empresas extranjeras que venden a través de plataformas digitales operan con modelos de negocio que aprovechan grandes volúmenes de producción, redes logísticas internacionales y estructuras comerciales diseñadas para atender mercados de diferentes países. Esa escala les permite ofrecer determinados productos a precios que pueden resultar difíciles de igualar para un fabricante colombiano que produce en cantidades menores y enfrenta costos locales más altos.

La diferencia de precios no demuestra, por sí sola, que exista competencia desleal. Puede responder a economías de escala, tecnología, especialización, menores costos de producción o una organización logística más eficiente. También es cierto que las autoridades deben vigilar el cumplimiento de las normas comerciales, tributarias, laborales y de protección al consumidor, así como investigar eventuales prácticas de competencia desleal cuando existan pruebas.

El problema surge cuando se presenta a todo productor extranjero como una amenaza por el simple hecho de ofrecer precios inferiores. La competencia internacional también puede beneficiar a los consumidores y presionar a los fabricantes locales para mejorar sus productos, procesos y estructuras de costos. El desafío consiste en garantizar reglas transparentes para todos los participantes, no en eliminar las ventajas competitivas que surgen de una mayor eficiencia.

Las plataformas digitales, además, han modificado los hábitos de compra. Permiten comparar precios, acceder a catálogos amplios y adquirir productos que no siempre están disponibles en los comercios cercanos. Esa transformación no puede analizarse como si fuera una anomalía pasajera. Hace parte de un mercado cada vez más conectado, en el que los consumidores encuentran alternativas fuera de las fronteras nacionales.

El Estado: entre el recaudo y la responsabilidad por la competitividad

El cuestionamiento más profundo de la medida apunta al papel del Estado. La política tributaria no puede limitarse a buscar recursos adicionales o a modificar los precios relativos entre productos nacionales e importados. También debe evaluar cómo sus propias decisiones regulatorias y fiscales afectan la capacidad de producir dentro del país.

Cuando las empresas enfrentan elevados costos laborales, tributarios y administrativos, el Estado no puede atribuir todas sus dificultades a la competencia externa. La competitividad depende de múltiples factores y muchos de ellos están relacionados con las condiciones institucionales que determinan cuánto cuesta fabricar, transportar, comercializar y financiar un producto en Colombia.

Desde esa perspectiva, imponer IVA y aranceles a determinadas compras internacionales puede producir un resultado fiscal inmediato, pero no necesariamente resuelve el problema industrial que se pretende atender. El recaudo adicional no garantiza por sí mismo que aumente la producción nacional, que se creen nuevos empleos o que las empresas colombianas logren reducir sus precios.

La discusión también exige distinguir entre quien tiene la obligación legal de declarar y pagar un tributo y quién termina soportando económicamente su costo. Aunque el diseño normativo determine responsabilidades para importadores, intermediarios o plataformas, el efecto puede trasladarse al precio final. Por eso, afirmar que el impuesto recae exclusivamente sobre las empresas extranjeras puede ocultar la incidencia real de la medida sobre el comprador.

El Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas tributarias claras y evitar ventajas indebidas, pero también debe procurar que esas reglas no terminen convirtiéndose en una carga adicional para los ciudadanos ni en un mecanismo que proteja ineficiencias permanentes.

Una política que puede enfrentar a quienes deberían beneficiarse de una economía competitiva

Uno de los efectos más problemáticos de este debate es la confrontación entre consumidores y productores nacionales. El comprador busca precios accesibles; el fabricante necesita competir en condiciones razonables. Ambos tienen intereses legítimos y no deberían ser presentados como adversarios.

La discusión se distorsiona cuando se plantea que apoyar a la industria colombiana exige necesariamente limitar las alternativas de compra de los ciudadanos. Esa oposición es falsa si se parte de una política económica que busque simultáneamente mejorar la productividad nacional y preservar el poder adquisitivo de los hogares.

Una estrategia de desarrollo industrial debería permitir que las empresas colombianas compitan por calidad, precio, innovación y servicio, en lugar de depender exclusivamente de barreras que encarezcan los productos extranjeros. Para ello se requieren reformas que reduzcan los costos internos, faciliten la inversión y mejoren las condiciones de acceso a tecnología y financiación.

También resulta necesario que la política comercial examine las características de cada sector. No todos los productos tienen las mismas condiciones de fabricación, ni todas las empresas enfrentan idénticos niveles de competencia. Una medida general puede producir efectos distintos según el tipo de mercancía, el tamaño del productor y el nivel de ingresos del consumidor.

El verdadero debate es cómo construir competitividad

El impuesto a las compras internacionales de bajo valor plantea una pregunta que Colombia no debería eludir: ¿la protección del productor nacional se consigue encareciendo lo que compra el consumidor o creando condiciones para que producir dentro del país sea más eficiente?

La respuesta tiene consecuencias sobre el empleo, la inversión, el comercio y el bienestar de los hogares. Una política que pretenda fortalecer la industria debe comenzar por revisar los factores que elevan sus costos y dificultan su crecimiento. De lo contrario, puede terminar ofreciendo protección temporal sin resolver las debilidades que originaron el problema.

El consumidor no debería ser convertido en el responsable de las dificultades estructurales de la industria. Tampoco el productor colombiano debería quedar abandonado frente a competidores que operan con ventajas de escala y condiciones diferentes. La tarea del Estado consiste en construir reglas equilibradas, combatir las prácticas ilegales y promover un entorno productivo capaz de competir.

Al final, el riesgo de esta política es que los tres actores terminen enfrentados: el consumidor pagando más, el empresario local dependiendo de barreras comerciales y el productor extranjero enfrentando mayores costos de acceso. Mientras tanto, las causas internas de la falta de competitividad pueden permanecer intactas. El desafío no consiste en cerrar las puertas al comercio internacional, sino en lograr que Colombia pueda producir mejor, vender a precios competitivos y permitir que sus ciudadanos compren sin que cada decisión de consumo se convierta en una nueva carga tributaria.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva medida tributaria para compras por internet?

Se propone aplicar un IVA del 19% y aranceles a las compras internacionales menores a 200 dólares realizadas en plataformas como Amazon, Temu y Shein.

¿Cómo afecta esta política al consumidor colombiano?

El costo del impuesto se traslada al precio final, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares que utilizan estas plataformas para ahorrar en ropa y tecnología.

¿Por qué se cuestiona la efectividad de esta medida para la industria nacional?

Porque encarecer lo importado no soluciona los problemas estructurales de Colombia, como los altos costos laborales, tributarios y de logística que enfrentan los productores locales.