Gobierno nacional radicó la Ley de Rescate Económico para enfrentar crisis fiscal y reducir el gasto público
El Gobierno nacional radicó la Ley de Rescate Económico con 106 artículos que buscan un ajuste fiscal del 2,2% del PIB, incluyendo recortes en burocracia y nuevos impuestos a plataformas digitales.
En una jornada decisiva para las finanzas del país, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, formalizaron este jueves la radicación de la denominada Ley de Rescate Económico. El acto administrativo tuvo lugar hacia las 5:00 de la tarde ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, marcando el inicio de un trámite legislativo que pretende transformar la estructura del gasto estatal y la recaudación tributaria en Colombia. El proyecto, compuesto por 106 artículos, tiene como meta principal alcanzar un ajuste fiscal cercano al 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027, fundamentándose en una política de austeridad y eficiencia administrativa que busca estabilizar las cuentas de la Nación en el mediano plazo.
El diagnóstico del Gobierno
Durante la presentación del documento, el ministro Miguel Gómez Martínez ofreció un panorama crítico sobre el estado actual de las arcas públicas. El funcionario calificó la situación financiera heredada como una "bomba de tiempo", describiendo un Estado que, a su juicio, ha sido "desangrado por la burocracia inútil y el despilfarro". Las cifras presentadas por la cartera de Hacienda revelan un desequilibrio estructural preocupante, pues mientras la Nación percibe ingresos mensuales promedio de 29 billones de pesos, las obligaciones de gasto superan los 40 billones de pesos, generando un bache financiero que requiere medidas urgentes y de fondo.
A este déficit operativo se suma el incremento sustancial en el costo del endeudamiento público. Según el reporte oficial entregado al Legislativo, el servicio de la deuda escaló de 118 a 155 billones de pesos anuales. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo subrayó la gravedad de la situación al señalar que, en la actualidad, de cada tres pesos recaudados a través de impuestos, uno debe destinarse exclusivamente al pago de intereses. Esta realidad limita drásticamente la capacidad de inversión del Estado en sectores estratégicos, obligando a una reingeniería total de la forma en que se administran los recursos de los contribuyentes.
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Recortes en el gasto del Estado
La estrategia gubernamental para sanear las finanzas públicas no se centra únicamente en la recaudación, sino que apuesta fuertemente por la reducción del egreso. El Gobierno nacional ha proyectado que el 70% del ajuste fiscal provendrá de una gestión más eficiente del gasto público. Para lograr este objetivo, la Ley de Rescate Económico contempla una serie de medidas restrictivas que impactarán directamente la estructura administrativa, comenzando por el gasto de personal. En este sentido, se establece una reducción del 20% en las nóminas de las entidades vinculadas al Presupuesto General de la Nación, con la única excepción de la Fuerza Pública. Adicionalmente, para los años 2029 y 2030, se ha fijado un techo para el crecimiento salarial, el cual no podrá superar los 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios, el proyecto propone un recorte drástico del 50% en esta modalidad de contratación para el año 2027, limitando posteriormente cualquier incremento en este rubro estrictamente al ritmo del índice de precios al consumidor. La política de austeridad también abarca las compras estatales, pues entre 2027 y 2030, la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado tendrá un crecimiento real cero, ajustándose solo a la inflación. Esto incluye restricciones severas en gastos de viáticos, papelería y publicidad oficial, buscando eliminar cualquier gasto superfluo en el funcionamiento diario de las instituciones.
Respecto a los fondos y activos, la iniciativa obliga a los fondos especiales y encargos fiduciarios a trasladar anualmente sus excedentes al Tesoro Nacional, exceptuando los recursos destinados a salud y pensiones. Asimismo, se contempla la enajenación de activos públicos considerados improductivos para generar liquidez inmediata. Un punto relevante de la propuesta es la solicitud de facultades extraordinarias para el presidente de la República por un periodo de seis meses, lo que permitiría al Ejecutivo suprimir entidades estatales mediante normas con fuerza de ley. No obstante, el Gobierno enfatizó que los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y el Sistema General de Participaciones, así como el cumplimiento de sentencias judiciales, permanecerán protegidos bajo cualquier circunstancia.
Nuevos tributos y devolución del IVA
En el ámbito de los ingresos, la reforma introduce gravámenes específicos y ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A partir de 2028, se propone un impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas con tarifas diferenciadas, fijando 45 pesos por cada 100 mililitros para productos con menos de 9 gramos de azúcar o edulcorantes, y 76 pesos para aquellos que superen dicho límite, quedando exentos de esta medida las fórmulas infantiles, medicamentos líquidos y soluciones de rehidratación. Para el año 2027, se plantea un impuesto de normalización tributaria del 15%, permitiendo a los contribuyentes regularizar activos omitidos o pasivos inexistentes, mientras que para los criptoactivos no declarados se establece una tarifa única del 5%. Además, se elimina la exención para compras realizadas en plataformas internacionales, las cuales deberán tributar IVA independientemente de su valor.
Como medida de compensación social, el Gobierno de Abelardo De La Espriella propone la devolución del IVA a cerca de 19 millones de personas pertenecientes a hogares con ingresos de hasta 3,4 millones de pesos mensuales. Este beneficio, que promediaría los 213.000 pesos mensuales por hogar con un tope de 288.000 pesos, entraría en vigor en enero de 2028, con un giro anticipado en diciembre de 2027. El ministro Gómez Martínez aseveró que hoy millones de colombianos más necesitados pagan injustamente el IVA, por lo que esta medida busca corregir una regresividad histórica en el sistema tributario nacional.
Salud y próximos pasos legislativos
La Ley de Rescate Económico prevé una inyección de 30 billones de pesos en un periodo de cuatro años para fortalecer el sistema de salud, buscando garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio. El ministro de Hacienda instó al Congreso a avanzar en el estudio y aprobación de la iniciativa, la cual iniciará su trámite en las comisiones económicas en un contexto de alta presión legislativa tras el hundimiento del proyecto presupuestal previo. El proyecto busca eliminar tratamientos diferenciales en el IVA para diversos bienes, vinculando la devolución del impuesto al uso de la factura electrónica para combatir la evasión.
Aunque se mantiene la exclusión para productos de la canasta básica como pescados, lácteos, arroz, papa, yuca, granos, pan y agua, así como para servicios esenciales de salud, educación y transporte, otros rubros experimentarán cambios significativos. Varios productos que actualmente no tributan este impuesto pasarían a la tarifa general del 19%, incluyendo la miel, el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino y otras hortalizas. También se verán afectados el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la sal, las semillas y los abonos, que ahora integrarán la lista de bienes gravados con la tarifa plena.
En cuanto a los vicios, el IVA para licores y cigarrillos se elevaría del 5% al 19%. En el caso de los cigarrillos, se establece un impuesto al consumo mínimo de 7.823 pesos por cajetilla, sumado a un componente ad valorem. Por su parte, el gravamen a la cerveza será renombrado como impuesto a la producción de cerveza, con el fin de que estos recursos contribuyan directamente a la financiación del sector salud. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2028, bienes que gozaban de una tarifa del 5% pasarán al 19%, abarcando vehículos híbridos y eléctricos, servicios de aseo y vigilancia, café y avena.
Finalmente, dispositivos tecnológicos como celulares, computadores, tabletas y medios de transporte alternativos como patinetas y bicicletas eléctricas, cuyo valor sea inferior a 2.615.000 pesos, perderán su beneficio tributario y pagarán la tarifa plena del 19%. En esta misma línea, las adquisiciones menores a 200 dólares realizadas en plataformas electrónicas como Temu o Shein estarán sujetas al 19% de IVA, una medida que, según el Ejecutivo, busca equilibrar las condiciones de competencia con el comercio local y fortalecer el recaudo nacional en la era digital.
Preguntas y respuestas de contexto
¿En qué consiste la Ley de Rescate Económico radicada por el Gobierno?
Es un proyecto de 106 artículos que busca un ajuste fiscal del 2,2% del PIB para 2027 mediante la reducción del gasto público y la creación de nuevos impuestos. El objetivo es estabilizar las finanzas del país ante un déficit donde los gastos mensuales superan ampliamente los ingresos.
¿Cuáles son los principales recortes que propone el Estado?
Se plantea reducir un 20% las nóminas de entidades públicas (excepto Fuerza Pública) y recortar a la mitad los contratos de prestación de servicios para 2027. Además, se limitará el crecimiento de salarios y compras estatales, y se solicitarán facultades para suprimir entidades innecesarias.
¿Qué nuevos impuestos y beneficios sociales incluye la reforma?
Se aplicará IVA a todas las compras en plataformas internacionales y se creará un impuesto a bebidas azucaradas a partir de 2028. Como compensación, se implementará una devolución del IVA para 19 millones de personas con ingresos bajos, entregando un promedio de 213.000 pesos mensuales por hogar.
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