Vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, denunció: “Me quieren matar” y el Estado no responde

En las últimas horas, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, y de acuerdo con la información supuestamente los responsables son los integrantes de las FARC-EP, tras el hundimiento en el Senado de la consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

La congresista, a través de su cuenta en X, reveló que las intimidaciones están relacionadas con su labor legislativa y su postura crítica frente al actual Gobierno, al que calificó como «una oscuridad» para el país.

En medio de la denuncia y en su publicación en la red social, adjuntó tres de las cuatro amenazas, que ha recibido, una de ellas incluye una citación a un “consejo de guerra” en la vereda La Siberia, municipio de Tame, Arauca.

Las denuncias, según lo indicó Garrido, ya se interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, cuestionó duramente la inacción del Estado frente a su situación:

“Todas estas amenazas las he denunciado (…). No han hecho nada. La única respuesta fue una resolución de la UNP en octubre de 2024 notificándome que debilitarían mi esquema de seguridad”, afirmó.

Ante la gravedad de las amenazas, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, solicitando respaldo al Parlamento Europeo, al Gobierno de los Estados Unidos, al Ministro de Defensa español Pedro Sánchez y al senador estadounidense Marco Rubio.

Por favor, ayúdenme a proteger a mi familia. Me quieren matar”, expresó en su mensaje.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, no escatimar esfuerzos para proteger la vida e integridad de la vicepresidenta del Congreso.

La denuncia de Garrido se suma a las crecientes alertas sobre amenazas a líderes políticos opositores, en medio de un contexto de expansión de grupos armados ilegales y críticas a la llamada “paz total” impulsada por el Gobierno.