Reconstrucción por Impuestos: así podrán las empresas pagar hasta la mitad de su renta con obras para los damnificados del sismo

REXI es una variante de Obras por Impuestos, un esquema vigente desde hace varios años en el que una empresa, en lugar de pagar parte de su impuesto de renta en dinero, financia y ejecuta directamente un proyecto de interés público. La diferencia es que esta modalidad se aplica a los municipios incluidos en la declaratoria de emergencia, sin importar si hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac) o de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), requisitos del mecanismo tradicional.

Según los reportes pueden participar las empresas con ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT (unidades de valor tributario), es decir, alrededor de $1.800 millones al año. El aporte no puede superar el 50 % del impuesto a cargo liquidado en la declaración del año gravable anterior.

Los recursos son administrados por un tercero y la obligación tributaria no se considera saldada cuando la compañía deposita el dinero, sino cuando la entidad competente certifica que la obra fue terminada y recibida a satisfacción. Los proyectos requieren el visto bueno técnico de la entidad nacional del sector y del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El decreto prohíbe usar el mecanismo para reparar activos de la propia empresa.

En materia habitacional, el Ministerio de Vivienda definió tres modalidades: construcción de vivienda nueva, edificación de casas en lotes propios de las familias damnificadas y mejoramiento de viviendas en zonas urbanas. La cartera, que dirige el ministro Jaime Andrés Beltrán, ofrecerá asistencia técnica en una ruta de tres pasos: estructurar, aprobar y ejecutar.

La necesidad es grande. De acuerdo con las cifras citadas por el ministerio, el sismo dejó 203.301 viviendas averiadas y 51.778 destruidas en 498 municipios de 16 departamentos. La inversión estimada para reconstruirlas asciende a $19,7 billones.

"Invito a los empresarios y sus aliados a sumarse a Reconstrucción por Impuestos", señaló Beltrán al presentar la iniciativa.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) administrará el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, que operará con un calendario independiente de los cortes ordinarios. La norma fija un plazo de 15 días hábiles para emitir los conceptos de viabilidad una vez se radique la documentación completa. La ART y el DNP publicaron en octubre el manual operativo del mecanismo.

El monto anual disponible lo define el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y al menos el 35 % debe dirigirse a municipios de quinta y sexta categoría, los de menor población e ingresos. Para 2026 el cupo es de $200.000 millones; para 2027 se proyecta hasta $10 billones, 50 veces más.

El viceministro de Vivienda, Reynaldo D'Silva Uribe, confirmó que Grupo Argos participará en la construcción de más de 1.050 viviendas rurales dispersas en el Eje Cafetero, tras una mesa técnica con el DNP y la ART.

Además, en un encuentro con más de 120 empresas y voceros del Gobierno, entre ellos el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, se anunció que Proantioquia coordinará una Mesa Nacional de REXI junto con la Red de Proantioquias (RedPRO) y las gerencias departamentales del Fondo Milagro. Ríos planteó la creación de una "torre de control" con un tablero de seguimiento para medir el avance de la reconstrucción.

Como referencia, el esquema tradicional de Obras por Impuestos ha movilizado más de $5 billones con la participación de 279 empresas desde su puesta en marcha, según Proantioquia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el mecanismo Reconstrucción por Impuestos (REXI)?

Es una modalidad que permite a las empresas destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta para financiar y ejecutar directamente obras de vivienda, salud y educación en los municipios afectados por el sismo.

¿Qué empresas pueden participar y bajo qué condiciones?

Pueden aplicar compañías con ingresos brutos anuales superiores a $1.800 millones, siempre que los proyectos cuenten con el aval técnico del Gobierno y no se usen para reparar activos propios.

¿Cuál es la magnitud de la reconstrucción que se busca financiar?

Se estima una inversión de $19,7 billones para reparar más de 250.000 viviendas afectadas, con un cupo proyectado en el mecanismo de hasta $10 billones para el año 2027.