Tres ataques en tres días contra el Inpec

Dos hechos violentos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), registrados en Barranquilla y Cúcuta durante octubre, pusieron nuevamente en el centro de atención las condiciones de seguridad del personal encargado de la custodia de las personas privadas de la libertad. Los ataques dejaron dos dragoneantes heridos y uno fallecido, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

El primer caso ocurrió durante la noche del sábado 10 de octubre en el barrio San Martín, en Barranquilla. Los dragoneantes Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, adscritos a la Penitenciaría El Bosque, se desplazaban en motocicleta después de cumplir su turno laboral cuando fueron interceptados por dos hombres que viajaban en otro vehículo.

Según el reporte, uno de los ocupantes del vehículo abrió fuego en varias ocasiones contra los funcionarios, quienes resultaron heridos. El ataque generó preocupación entre los trabajadores del sistema penitenciario por los riesgos que enfrentan durante sus desplazamientos fuera de los establecimientos carcelarios.

El segundo episodio se registró dos días después en Cúcuta. El dragoneante Bryan Rangel Saavedra, vinculado a la cárcel Modelo, fue atacado por un hombre armado mientras abastecía de combustible su vehículo en la estación de servicio Prados del Este, ubicada en el sector del Anillo Vial, aproximadamente a tres kilómetros del centro penitenciario.

El funcionario fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció poco después de su ingreso.

Tras conocerse el homicidio, las autoridades locales anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. También se informó sobre el fortalecimiento de la vigilancia en la cárcel Modelo y en sus alrededores.

El Ministerio de Justicia y el Inpec comunicaron que reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección para el personal de custodia, en coordinación con la Policía Nacional. Asimismo, señalaron que continuarán los controles de vigilancia al interior de los establecimientos penitenciarios.

Las entidades también precisaron que los traslados de personas privadas de la libertad seguirán efectuándose conforme a las disposiciones legales y a las condiciones de seguridad establecidas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestó que, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, las autoridades trabajarán para perseguir y judicializar a quienes resulten responsables de los ataques. El funcionario aseguró que se adelantarán las acciones necesarias para que los implicados respondan ante la justicia.

El Gobierno, además, rechazó una serie de amenazas que, según su comunicado, estarían dirigidas contra el presidente, el ministro Cancino, el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y otros integrantes del sistema penitenciario. La autenticidad y procedencia de esos mensajes, así como su eventual relación con los ataques, permanecen bajo verificación.

Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo solicitó la construcción de un plan conjunto de protección que involucre al Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades territoriales.

La propuesta contempla evaluaciones individuales de riesgo, mecanismos de respuesta inmediata y acompañamiento psicológico y jurídico para los funcionarios amenazados y sus familias. La entidad también pidió revisar los riesgos asociados con los traslados de internos entre establecimientos carcelarios.

Por su parte, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) reclamó mayor presencia policial en los perímetros y accesos a las cárceles, entrega de chalecos antibalas certificados y equipos de comunicación para el personal de custodia y vigilancia.

El sindicato también solicitó protocolos de evaluación de riesgos y la instalación de una mesa nacional de seguridad penitenciaria con participación de los ministerios de Justicia y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Los ataques contra trabajadores penitenciarios cuentan con antecedentes recientes. En octubre de 2025, un dragoneante de la cárcel Bellavista, en Bello, fue atacado con disparos a unos 100 metros de la salida del establecimiento, aunque no resultó herido.

La Defensoría también recordó agresiones registradas durante ese año en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.

Mientras avanzan las investigaciones, las entidades involucradas han solicitado reforzar la prevención, mejorar la coordinación institucional y establecer mecanismos que permitan evaluar y atender oportunamente los riesgos que enfrenta este personal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ataques se registraron recientemente contra el personal del Inpec?

En un lapso de tres días, un dragoneante fue asesinado en Cúcuta, dos más resultaron heridos en Barranquilla y se reportó un ataque con granada contra la cárcel Modelo.

¿Quiénes son las víctimas de estos hechos violentos?

El dragoneante Bryan Rangel Saavedra falleció tras ser atacado en Cúcuta, mientras que los funcionarios Daniel Tapiero y Shirly Acosta resultaron heridos en Barranquilla.

¿Qué medidas están tomando las autoridades frente a esta situación?

El Ministerio de Justicia reforzó la seguridad y autoprotección del personal, mientras que la Defensoría y sindicatos piden un plan integral que incluya chalecos antibalas y evaluaciones de riesgo.

¿Existen amenazas adicionales contra el sistema penitenciario?

El Gobierno denunció y rechazó amenazas dirigidas contra el presidente, el ministro de Justicia y el director del Inpec, las cuales están siendo verificadas por las autoridades.