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MinDefensa corrigió cifra sobre menores rescatados del reclutamiento forzado y aclaró que el dato corresponde a más de dos décadas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rectificó una cifra que había entregado durante una rueda de prensa en la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional y aclaró que los cerca de 7.000 niños, niñas y adolescentes recuperados del reclutamiento ilícito corresponden al periodo comprendido entre 2002 y la actualidad, y no desde 2022, como lo afirmó inicialmente. El funcionario insistió en que la precisión estadística no cambia la gravedad del fenómeno ni el compromiso del Estado para combatir este delito.

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MinDefensa corrigió cifra sobre menores rescatados del reclutamiento forzado y aclaró que el dato corresponde a más de dos décadas

El Gobierno Nacional realizó una aclaración sobre una de las cifras entregadas recientemente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, relacionada con la recuperación de menores de edad víctimas del reclutamiento ilícito por parte de grupos armados ilegales.

A través de un pronunciamiento público, el jefe de la cartera de Defensa explicó que durante su intervención en la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional incurrió en un error al precisar el periodo al que correspondía la estadística sobre niños, niñas y adolescentes rescatados de las estructuras criminales.

"Quiero hacer una precisión técnica frente a una cifra mencionada durante la rueda de prensa en la ceremonia de ascenso de nuestra Policía Colombia", manifestó el ministro al iniciar su aclaración.

Según explicó, los cerca de 7.000 menores recuperados no corresponden al periodo iniciado en 2022, como señaló inicialmente, sino al acumulado registrado desde 2002 hasta la fecha.

"La cifra de cerca de 7.000 niños, niñas y adolescentes recuperados corresponde al periodo comprendido desde 2002 hasta la fecha, y no desde 2022, como lo expresé durante la intervención", precisó el funcionario.

Pese a la rectificación, Sánchez enfatizó que el mensaje central de su intervención permanece inalterado y reiteró que el reclutamiento de menores continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos en Colombia.

"Esta precisión no modifica el mensaje de fondo: el reclutamiento ilícito por parte de los grupos criminales y carteles del narcotráfico, como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, sigue siendo uno de los crímenes más graves contra nuestra niñez", afirmó.

El ministro sostuvo que estas organizaciones ilegales continúan utilizando a menores de edad para fortalecer sus estructuras armadas y redes criminales, una práctica que ha sido denunciada de manera reiterada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa aseguró que mantendrá y reforzará las estrategias orientadas a prevenir el reclutamiento forzado, proteger a la población infantil y recuperar a quienes han sido víctimas de este delito.

"Desde el Ministerio de Defensa Nacional continuaremos fortaleciendo las acciones de prevención, protección y recuperación de los niños, niñas y adolescentes, e invitamos a toda la sociedad a proteger sus sueños y a denunciar este delito", expresó Sánchez.

Como parte de ese llamado, el funcionario recordó que existen diferentes canales habilitados para denunciar de manera confidencial los casos de reclutamiento infantil y otras conductas asociadas a los grupos armados ilegales. Entre ellos se encuentran las líneas 107, 157 y 141, así como las líneas del GAULA, 147 y 165, y la línea contra el crimen 314 358 7212.

El Ministerio de Defensa insistió en que todas las denuncias cuentan con absoluta reserva y destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir que más niños, niñas y adolescentes sean utilizados por organizaciones criminales.

Finalmente, el ministro cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a fortalecer el compromiso colectivo frente a este fenómeno: "El Estado somos todos… y los buenos somos más", reiterando que la protección de la niñez debe ser una responsabilidad compartida entre las autoridades y la sociedad.

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