Sindicato de la UNP pidió frenar nombramientos y advirtió que la entidad enfrenta una “profunda crisis institucional”

La controversia alrededor del proceso de ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa creciendo. Luego de que el vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme del gobierno de Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo, solicitara suspender los nuevos nombramientos previstos en la entidad mientras se revisa el proceso de transición, el sindicato de trabajadores de la UNP hizo pública una serie de preocupaciones sobre la situación administrativa y operativa del organismo.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP) respaldó la necesidad de revisar el proceso y pidió al gobierno entrante instalar una mesa de trabajo que permita analizar el futuro de la entidad y la implementación de la nueva planta de personal.

Según el sindicato, la discusión va mucho más allá de la creación de nuevos cargos y debe centrarse en garantizar la capacidad institucional de la UNP para cumplir su misión de proteger la vida de miles de colombianos que se encuentran bajo esquemas especiales de seguridad.

En el documento, la organización sostiene que el proceso "trasciende los simples nombramientos" y que debe garantizar "un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos".

Uno de los principales planteamientos de ASEP es la necesidad de revisar los criterios con los que serán ocupados los nuevos cargos. El sindicato considera que la experiencia acumulada por los funcionarios debe tener un peso determinante dentro del nuevo Manual de Funciones y no ser desplazada exclusivamente por requisitos académicos.

En ese sentido, la organización recordó que en Colombia no existe una carrera universitaria específica para formar escoltas u oficiales de protección, por lo que las competencias necesarias para desempeñar estos cargos se adquieren principalmente mediante formación especializada, entrenamiento permanente y años de experiencia en terreno.

Asimismo, el sindicato pidió que el nuevo gobierno revise con absoluta transparencia el proceso mediante el cual, según afirma, se pretendió privilegiar determinados requisitos académicos por encima de la trayectoria profesional de quienes ya hacen parte de la entidad.

ASEP también manifestó preocupación por lo que calificó como posibles intereses particulares alrededor de la definición de dichos requisitos, al señalar que estos aspectos deben ser analizados con objetividad para garantizar procesos de selección transparentes y basados en el mérito.

Sin embargo, el pronunciamiento va más allá de las discusiones administrativas y lanza una dura crítica sobre el estado actual de la Unidad Nacional de Protección. El sindicato aseguró que la administración saliente deja una "profunda crisis institucional", reflejada, según afirma, en reiteradas denuncias relacionadas con fallas en los esquemas de protección asignados a personas bajo la responsabilidad del Estado.

De acuerdo con ASEP, estas deficiencias habrían tenido consecuencias graves y mencionan, entre otros casos, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, hecho que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de protección y la capacidad de respuesta de la entidad.

Frente a este panorama, el sindicato considera indispensable que sea el nuevo gobierno el que implemente la nueva planta de personal, garantizando un proceso transparente, legítimo y orientado a fortalecer la misión institucional de la UNP.

La posición del sindicato coincide con la decisión anunciada por José Manuel Restrepo de solicitar la suspensión temporal de los nuevos nombramientos mientras avanza el proceso de empalme, con el propósito de revisar las actuaciones administrativas adelantadas en los últimos días de la actual administración.