Delegación del Gobierno defendió diálogos con la Coordinadora Nacional-EB y aseguró que continúan pese a decisión del Consejo de Estado

La Delegación de Paz del Gobierno Nacional emitió este jueves un comunicado público en el que fijó su posición frente a la decisión del Consejo de Estado relacionada con el proceso de paz adelantado por el Ejecutivo, aclarando que las negociaciones actualmente en marcha se desarrollan exclusivamente con la Coordinadora Nacional–Ejército Bolivariano (CN-EB) y no con la Segunda Marquetalia.

El pronunciamiento se conoce luego de que el alto tribunal suspendiera provisionalmente el acto administrativo expedido por el presidente de la República en febrero de 2024, mediante el cual se autorizaban conversaciones de carácter político con el entonces grupo armado conocido como Segunda Marquetalia.

Ante ese escenario, la delegación fue enfática en señalar que los efectos de la decisión judicial no comprometen el proceso que actualmente se desarrolla con la Coordinadora Nacional-EB. En el documento se afirma que "nuestra delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia", al tiempo que recalca que desde noviembre de 2024 no existe ningún tipo de acercamiento con la estructura comandada por Iván Márquez.

Según el comunicado, esa situación quedó formalizada mediante la Resolución 202 del 9 de julio de 2025, acto administrativo que, de acuerdo con la delegación, "no ha sido objeto de ninguna decisión judicial y por tanto goza de presunción de legalidad".

La delegación también defendió la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) establecida en el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, argumentando que este mecanismo fue creado mediante una decisión administrativa independiente y permanece plenamente vigente.

En ese sentido, el comunicado sostiene que "la Zona de Ubicación Temporal creada en Putumayo no se afecta por la decisión del Consejo de Estado", debido a que fue autorizada mediante la Resolución 053 de 2026 y no hace parte del acto administrativo suspendido por el alto tribunal.

De acuerdo con los negociadores, en dicha zona permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB que, según explican, ya realizaron la dejación de armas bajo supervisión de las autoridades competentes y actualmente se encuentran en un proceso de tránsito hacia la vida civil.

El documento agrega que "noventa y nueve personas que estuvieron vinculadas a la Coordinadora Nacional-EB han confiado en el Estado y sus instituciones y deben ser acogidos por la sociedad", haciendo un llamado a preservar las garantías para quienes participan en el proceso de paz.

La delegación también destacó que la mesa de conversaciones ha permitido avanzar en la reducción de la violencia en los territorios, la disminución de las economías ilícitas y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades. Sin embargo, reconoció que aún existen desafíos para consolidar plenamente el Estado Social de Derecho en las zonas afectadas por el conflicto.

Frente a la decisión del Consejo de Estado, el equipo negociador anunció que acudirá a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir la medida. En el comunicado recuerda que "la Constitución y la ley habilitan la impugnación de las decisiones judiciales y en este asunto así se procederá".

Finalmente, la Delegación de Paz reiteró que el derecho a la paz constituye un mandato constitucional que compromete a todas las autoridades del Estado. En ese sentido, sostuvo que "la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, una política de Estado y un valor constitucional para orientar todas las autoridades del Estado", por lo que consideró que las actuaciones institucionales deben regirse por los principios de progresividad y no regresividad.