Informe de EPM revela extorsión millonaria y amenazas del Frente 36 contra Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín
Un documento de seguridad que Empresas Públicas de Medellín (EPM) remitió a la Cámara de Representantes expone exigencias de 5.000 millones de pesos como cuota inicial y 500 millones mensuales a cambio de dejar operar la central Hidroituango, además de amenazas contra el Metro y la Alcaldía de Medellín atribuidas a disidencias de las Farc.
Un informe enviado al Congreso
La información salió a la luz el domingo, cuando se conoció el contenido de una comunicación de EPM enviada el 28 de octubre a la Cámara de Representantes. El documento respondía a una invitación a un debate de control político sobre seguridad y orden público promovido por el representante antioqueño Simón Molina, y fue expuesto en la Comisión Segunda de esa corporación. El informe está firmado por el jefe de Seguridad de la empresa, Daniel Francisco Moreno Peláez.
De acuerdo con el texto citado por varios medios, las intimidaciones comenzaron en agosto de 2025 y se prolongaron hasta comienzos de 2026. La principal estructura señalada es el Frente 36 de las disidencias de las Farc, con influencia en el norte de Antioquia, zona donde se ubica la hidroeléctrica más grande del país.
Las exigencias y los ataques
El informe describe una exigencia de 5.000 millones de pesos como "cuota de entrada" y pagos de 500 millones de pesos mensuales relacionados con la operación de Hidroituango. Además, menciona amenazas dirigidas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía, aunque los medios que accedieron al documento no detallan en qué consistieron.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEntre los hechos violentos registrados figuran dos cilindros con explosivos instalados en la vía de acceso a la central, que dejaron un sargento del Ejército muerto y un soldado herido. Tras ese episodio el proyecto pasó cerca de una semana sin recibir carga crítica, es decir, los insumos y equipos indispensables para su operación. El documento también reseña ataques contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, ocurridos en septiembre de 2025, y dos sobrevuelos no autorizados de drones sobre la presa en marzo de 2026.
Otras amenazas a la infraestructura
El informe no se limita al Frente 36. Señala que el Clan del Golfo ejerce control territorial en el Bajo Cauca y en sectores del Valle de Aburrá, con exigencia de permisos escritos para el ingreso, retenciones de personal y expulsión de cuadrillas de trabajo. En el sector de Granizal, en Bello, ese grupo cobraría cuotas por el agua cruda y revendería agua potable.
En los embalses de Porce II y Porce III se identificaron al menos 26 socavones de minería ilegal, una draga y campamentos con cerca de 124 personas, en zonas donde el Frente 36, el Clan del Golfo y el ELN se disputan rentas ilícitas.
Medidas y respuesta institucional
Como medida preventiva, EPM restringió de manera temporal el ingreso de su personal a zonas rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas. La empresa indicó en su comunicación que la atención de estos riesgos se coordinó con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidades a cargo de las investigaciones y de las acciones de protección.
El representante Molina calificó la situación como "una declaración de guerra" y pidió al Gobierno nacional recuperar el control del Bajo Cauca y desmantelar al Clan del Golfo.
La revelación se produce en un contexto de reactivación de la ofensiva estatal contra los grupos armados en Antioquia, luego de que el Gobierno diera por terminados los acercamientos derivados de los acuerdos de Doha con el Clan del Golfo, firmados en diciembre de 2025 por el gobierno de Gustavo Petro.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Qué grupos armados están amenazando a EPM y a la infraestructura de Medellín?
El informe señala principalmente al Frente 36 de las disidencias de las Farc, aunque también menciona acciones delictivas del Clan del Golfo y el ELN en zonas de influencia de la empresa.
¿Cuáles son las exigencias económicas y los ataques reportados?
Los criminales exigieron 5.000 millones de pesos como cuota inicial y 500 millones mensuales para permitir la operación de Hidroituango. Además, se registraron ataques con explosivos que dejaron un militar muerto, atentados contra torres de energía y sobrevuelos de drones no autorizados.
¿Qué otras entidades e infraestructuras se han visto afectadas?
El documento revela amenazas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía, así como el control territorial del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, donde cobran cuotas por el agua y realizan minería ilegal en los embalses de Porce II y III.
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