Gobernación de Antioquia solicitó al presidente Petro y a la UNP evaluar riesgo de Alejandro De Bedout tras amenazas
La Secretaría de Seguridad de Antioquia elevó una solicitud al Gobierno Nacional para que se priorice la evaluación de riesgo del presidente del Concejo de Medellín, luego de reportar amenazas relacionadas con su ejercicio de control político.
Ante hechos recientes en materia de seguridad, la Gobernación de Antioquia remitió una comunicación oficial al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, así como a entidades del orden nacional, solicitando la adopción de medidas de protección para el presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro De Bedout Arango.
El documento, fechado el 7 de mayo de 2026, está dirigido también al ministro del Interior, Armando Benedetti; a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
La solicitud se origina en el marco del radicado OFI-2026-00037587 emitido por la UNP el pasado 29 de abril de 2026, mediante el cual se inició el trámite de validación de seguridad para el funcionario. En este contexto, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia informó sobre hechos que, según la comunicación, revisten relevancia en materia de seguridad.
De acuerdo con el documento, se han materializado amenazas directas, verificables y contextualizadas contra Alejandro De Bedout Arango, las cuales estarían asociadas al ejercicio de sus funciones de control político frente a posibles irregularidades en centros penitenciarios. Esta situación, indica la comunicación, requiere una valoración integral, actualizada y contextual del nivel de riesgo.
Entre los hechos reportados, se señala que el 24 de abril de 2026 un sujeto no identificado intentó ingresar a las instalaciones del Concejo de Medellín con el propósito de ubicar al funcionario. Según lo informado, esta persona manifestó portar un “mensaje” proveniente del establecimiento penitenciario de Itagüí, conocido como La Paz.
La Gobernación indicó que este episodio, en conexión con las actuaciones públicas adelantadas por el presidente del Concejo, llevó a la realización de una sesión extraordinaria y reservada el 25 de abril, en la que la corporación adoptó medidas de autoprotección.
Asimismo, se informó que el mismo 24 de abril fue interpuesta la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación por parte de De Bedout Arango. Este documento fue adjuntado a la comunicación enviada por la Gobernación. De igual manera, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Alcaldía de Medellín el 25 de abril de 2026, con el objetivo de activar las acciones institucionales pertinentes.
Según se indica en el documento, los hechos descritos son actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz precisó que, debido a la investidura de Alejandro De Bedout Arango como presidente del Concejo de Medellín, la situación comporta un nivel de especial gravedad en términos de la garantía del ejercicio de la función pública y la protección de autoridades territoriales.
En ese sentido, la Gobernación de Antioquia solicitó al nivel nacional adoptar, con la debida diligencia, las medidas necesarias para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal del funcionario, en un escenario que, según el documento, exige una respuesta oportuna, suficiente y proporcional al nivel de riesgo advertido.
De manera específica, se pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar la pertinencia de priorizar el estudio de nivel de riesgo de De Bedout Arango, incorporando los hechos recientes y el contexto territorial en el que ejerce sus funciones, así como valorar la adopción de las medidas correspondientes conforme a los procedimientos establecidos.
Finalmente, la Gobernación reiteró su disposición para suministrar información adicional que sea requerida y para articular acciones bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos fundamentales y al adecuado ejercicio de la función pública.
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