Clan del Golfo exigiría una carga de café por cada diez a caficultores del Norte de Antioquia

Los productores de café de Toledo y San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia, estarían enfrentando nuevas presiones económicas atribuidas al Clan del Golfo, organización armada ilegal que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según las denuncias conocidas, la estructura estaría exigiendo parte de la producción o un porcentaje de los ingresos obtenidos por la comercialización del grano.

Las informaciones señalan que los cobros podrían llegar al 16 % del valor de las ventas. Otra modalidad consistiría en entregar una carga de café por cada diez recolectadas. Las presuntas exigencias también alcanzarían a comerciantes y transportadores que participan en el traslado del producto desde las fincas hasta los establecimientos de compra.

De acuerdo con los reportes, los productores serían convocados a reuniones en las que se establecerían las cuotas de acuerdo con el volumen de cosecha. Una de esas convocatorias, prevista recientemente, no se habría realizado debido a la presencia de tropas del Ejército Nacional en la zona.

Hasta el momento, las denuncias conocidas describen las presuntas modalidades de cobro, pero no establecen públicamente el número de afectados ni el monto total que estaría siendo exigido.

Las nuevas alertas se conocen en un territorio donde ya se habían reportado situaciones similares. En febrero de 2026, cerca de 20 ganaderos y comerciantes habrían sido citados bajo amenazas en la vereda Helechales, de Toledo, para comunicarles un incremento de las cuotas extorsivas.

Según la información divulgada entonces, las exigencias alcanzaban los 200.000 pesos mensuales para propietarios con más de 50 reses, mientras que quienes tenían hatos más pequeños debían pagar entre 100.000 y 150.000 pesos. Los pagos se exigirían en efectivo durante los primeros cinco días de cada mes.

En ese momento, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, señaló que ninguno de los asistentes había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. La situación fue relacionada con el temor a posibles represalias, por lo que el oficial recordó la posibilidad de suministrar información de manera anónima.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un consejo de seguridad en Toledo y solicitó medidas judiciales más contundentes contra los responsables. También recordó la existencia de recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas de estructuras criminales en el Norte del departamento.

Los reportes de intimidación no se limitan a las exigencias económicas. En octubre de 2025, también se conocieron denuncias sobre solicitudes atribuidas a integrantes del Clan del Golfo para que presidentes de juntas de acción comunal del Norte antioqueño entregaran información detallada de fincas y sus ocupantes.

Entre los datos que presuntamente se exigían figuraban nombres, números de identificación, teléfonos y fotografías de propietarios y trabajadores, además de información sobre la producción de café.

Estas prácticas, de confirmarse, podrían comprometer la seguridad de las comunidades rurales y dificultar las actividades comerciales de quienes dependen de la cosecha. La presión sobre los distintos eslabones de la cadena también puede afectar el transporte y la comercialización del producto.

El fenómeno también ha sido analizado desde el ámbito académico. Un estudio del Politécnico Grancolombiano, titulado Café, conflicto y extorsión: un análisis cuantitativo en municipios de Colombia, encontró que la tasa promedio de extorsión en municipios cafeteros pasó de aproximadamente 13 casos por cada 100.000 habitantes en 2014 a 19,6 en 2022.

La investigación, elaborada por Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, identificó en Antioquia tasas de entre 25 y 65 casos por cada 100.000 habitantes en Angostura, Anzá, Barbosa, Ciudad Bolívar y Montebello, municipios que registran más de 600 hectáreas cosechadas de café.

Los autores advierten que estas cifras corresponden a denuncias registradas y, por tanto, no necesariamente reflejan la totalidad de los casos. El temor a represalias puede llevar a que parte de las víctimas no acuda a las autoridades.

Mientras persisten las alertas en Toledo y San Andrés de Cuerquia, la seguridad de los caficultores y de quienes participan en la comercialización del grano se mantiene como una preocupación para las comunidades rurales. La verificación de las denuncias y las actuaciones de las autoridades serán determinantes para establecer el alcance de las presuntas extorsiones y las responsabilidades correspondientes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué está sucediendo con los caficultores en el Norte de Antioquia?

Productores de Toledo y San Andrés de Cuerquia denuncian que el Clan del Golfo les exige una carga de café por cada diez recolectadas o hasta el 16 % del valor de sus ventas. Estas extorsiones también afectan a comerciantes y transportadores durante la actual temporada de cosecha.

¿Cómo presiona el grupo armado a los productores?

La organización criminal convoca a reuniones para fijar cuotas según el volumen de la cosecha y, en ocasiones anteriores, ha exigido datos detallados de fincas y trabajadores a las juntas de acción comunal. Recientemente, una de estas reuniones fue cancelada por la presencia del Ejército Nacional en la zona.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante estas denuncias?

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha solicitado medidas judiciales contundentes y recordado recompensas de hasta 500 millones de pesos por información sobre cabecillas. Sin embargo, la Policía señala que el temor a represalias impide que muchas víctimas presenten denuncias formales ante la Fiscalía.