CIDH estudiará caso del líder minero ‘Mongo’ tras denuncias de presunta omisión estatal durante su secuestro y asesinato

La información fue confirmada por Ana María Espinosa Pujol, abogada de los hermanos del líder social, quien señaló que el organismo internacional analizará si existieron fallas por parte de las autoridades en la protección de Gómez, quien desde 2016 contaba con medidas cautelares otorgadas por la CIDH debido a amenazas relacionadas con su actividad como integrante de la mesa minera Segovia-Remedios.

Según la representante de las víctimas, el líder social fue secuestrado cinco días antes de que su cuerpo fuera hallado en la madrugada del 9 de marzo de 2025 en la vereda El Jabón, jurisdicción del municipio de Vegachí, Antioquia. La defensa sostiene que durante ese tiempo las autoridades contaban con herramientas para intentar ubicarlo, entre ellas un sistema de rastreo satelital instalado en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la abogada, el GPS del vehículo permitió conocer la ubicación del automotor durante el tiempo en que Jaime Gómez estuvo retenido, pero asegura que no se ordenaron operativos efectivos para intentar localizarlo antes de que fuera asesinado. También indicó que, pese a la realización de consejos de seguridad previos al hallazgo del cuerpo, no se evidenciaron acciones operativas en el territorio.

Espinosa afirmó que la familia del líder social realizó búsquedas por su cuenta y señaló que no se desplegaron retenes ni operativos visibles por parte de la fuerza pública en la zona. También manifestó que no se ofrecieron recompensas relacionadas con la ubicación de Gómez o la identificación de los responsables del secuestro.

La defensa del caso sostiene que las posibles omisiones no solo estarían relacionadas con el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al líder minero, sino también con la respuesta institucional durante los días posteriores a su desaparición. Según indicó la abogada, durante el secuestro el presidente Gustavo Petro había mencionado públicamente a alias “Máximo” como presunto responsable de la retención de Gómez.

Jaime Gómez era reconocido en el nordeste antioqueño por sus denuncias públicas relacionadas con presuntas irregularidades en actividades mineras de la región. En diferentes intervenciones, el líder social señaló a integrantes de la fuerza pública y a actores privados del sector minero por supuestas prácticas ilegales en el territorio. Debido a esas denuncias había recibido amenazas y contaba con esquemas de protección de la UNP y medidas cautelares de la CIDH.

En junio de 2025 fue capturado Arlenson González Vanegas, alias “Máximo”, señalado por las autoridades como presunto responsable del crimen. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Según explicó la defensa de la familia, el proceso judicial continúa avanzando en Bogotá luego de haber sido trasladado desde Antioquia. La abogada indicó que el acusado ha presentado, a través de su defensa, dos solicitudes de preacuerdo con la Fiscalía relacionadas con el delito de hurto, debido a que durante el secuestro fueron robados objetos personales del líder social, entre ellos joyas, chalecos antibalas y el arma del escolta.

La primera solicitud de preacuerdo fue rechazada por un juez y actualmente está pendiente la decisión sobre una segunda propuesta presentada dentro del proceso judicial.

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