Sandra Ortiz busca acuerdo con la Fiscalía en el caso de la UNGRD

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, estaría en conversaciones con la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad o un preacuerdo dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por este caso ya han sido condenadas cinco personas mediante preacuerdos y aceptación de cargos. Ortiz buscaría acogerse a una de estas figuras, lo que implicaría una eventual condena por los delitos que le fueron imputados.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la exconsejera negó su responsabilidad y aseguró haber sido víctima de presiones por parte de la Fiscalía.

Durante el proceso, la fiscal María Cristina Patiño indicó que existen evidencias que relacionan a Ortiz con gestiones para la entrega de recursos.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, señaló la fiscal.

Según la Fiscalía, la exconsejera habría utilizado su influencia para gestionar recursos provenientes de contratos de la UNGRD, con una cifra de $3.000 millones de pesos presuntamente destinados al Presidente del Senado.

Ahora, desde su lugar de reclusión, Ortiz evalúa las opciones jurídicas disponibles. Un principio de oportunidad le permitiría colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales, mientras que un preacuerdo implicaría la aceptación de cargos a cambio de una rebaja en la pena. Según fuentes cercanas al caso, la segunda opción es la que más se ajusta a sus intereses, ya que le permitiría reducir su condena sin la obligación de delatar a otros implicados.

Ortiz manifestó anteriormente que su proceso ha estado marcado por presiones de personas influyentes. Durante la audiencia, en la que se le impuso medida de aseguramiento, aseguró que existían actores poderosos interesados en afectarla. A pesar de estas declaraciones, ahora se estarían adelantando acercamientos con la Fiscalía para definir su situación jurídica.

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