Radicaron en el Congreso un proyecto de ley para llevar más médicos y enfermeros a las regiones con déficit de personal de salud

El Congreso de la República recibió el proyecto de ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, una iniciativa que busca enfrentar las desigualdades en la disponibilidad de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios en Colombia. La propuesta, liderada por la representante a la Cámara Bleidy del Carmen Pérez Ballestas, cuenta también con la participación de la senadora Jennifer Pedraza y aportes técnicos de las facultades de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Con la radicación comienza el trámite legislativo, aunque todavía no se han establecido las fechas de discusión en las comisiones correspondientes. La iniciativa pretende que la distribución de los profesionales responda a las necesidades de la población y no se concentre principalmente en las ciudades con mayor infraestructura sanitaria y educativa.

Pérez Ballestas ha señalado que la propuesta busca disminuir las desigualdades y contribuir a que los ciudadanos reciban atención oportuna y de calidad, independientemente del territorio en el que residan.

Las cifras incorporadas en el proyecto evidencian las brechas existentes en el sistema de salud. Colombia registra 25,35 profesionales de medicina y 15,41 de enfermería por cada 10.000 habitantes. Como referencia internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha utilizado un umbral de 44,5 trabajadores sanitarios por cada 10.000 habitantes, indicador que incluye médicos, enfermeros y parteras en conjunto.

Sin embargo, la distribución territorial constituye uno de los principales desafíos. Bogotá registra una densidad combinada de 73,02 profesionales de medicina y enfermería por cada 10.000 habitantes, mientras que Vichada, Chocó, Guainía y Vaupés presentan cifras inferiores a 15. En Vichada, el indicador se sitúa en 13,89.

El documento también advierte que cinco entidades territoriales concentran más de la mitad del personal sanitario del país. A esto se suma que 11 departamentos carecen de programas de medicina y 953 municipios dependen exclusivamente de empresas sociales del Estado (ESE), es decir, de hospitales públicos para la prestación de servicios.

Las dificultades también alcanzan la formación académica. El 47,6 % de los escenarios de práctica clínica se concentra en cuatro entidades territoriales. De acuerdo con los datos citados en la iniciativa, el 64,4 % de estos espacios pertenece al sector privado y el 23,2 % corresponde a servicios de baja complejidad.

El eje central del proyecto es la creación de un Plan Nacional de Distribución Territorial Prioritaria, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social. El mecanismo buscaría orientar la presencia de profesionales según las condiciones epidemiológicas, los niveles de pobreza multidimensional y las características geográficas de cada territorio.

La propuesta contempla dar prioridad a municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

Para promover la llegada y permanencia de trabajadores sanitarios en estas zonas, el texto plantea incentivos como la formalización del empleo, salarios competitivos, becas de posgrado y mejores condiciones de vivienda, transporte y alimentación.

La implementación de estos beneficios sería gradual y estaría condicionada a la disponibilidad de recursos y al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por tanto, la iniciativa no establece un gasto inmediato e incondicional.

El proyecto propone priorizar a las universidades públicas y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la apertura de nuevos cupos de práctica dentro de redes públicas y mixtas de atención. Los convenios existentes con universidades privadas continuarían vigentes.

También plantea una ruta específica para la Universidad Nacional, sustentada en su régimen de autonomía establecido en el Decreto 1210 de 1993, con el propósito de ampliar los escenarios de práctica de pregrado y posgrado fuera de los principales centros urbanos.

La apertura de estos espacios estaría sujeta a requisitos de calidad relacionados con docentes, infraestructura, supervisión clínica y bienestar estudiantil. En la verificación participarían los ministerios de Salud y Educación, junto con la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud.

La vicerrectora de la Sede Bogotá de la UNAL, Lorena Chaparro Díaz, destacó la importancia de orientar la inversión pública en formación hacia las regiones con mayores carencias. Por su parte, el decano de Medicina, Hernando Gaitán Duarte, indicó que la iniciativa busca corregir las desigualdades territoriales en el acceso al personal sanitario.

El alcance de las medidas dependerá del avance del trámite legislativo y de las disposiciones que finalmente sean aprobadas por el Congreso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley radicado en el Congreso?

Es una iniciativa que busca crear un Plan Nacional de Distribución Territorial para llevar médicos y enfermeros a las regiones más apartadas de Colombia, donde actualmente existe un déficit de personal sanitario.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por la falta de profesionales de salud?

Según el proyecto, 28 de los 32 departamentos tienen déficit; mientras Bogotá tiene 73 profesionales por cada 10.000 habitantes, departamentos como Vichada, Chocó, Guainía y Vaupés tienen menos de 15.

¿Qué incentivos se proponen para atraer al personal de salud a estas zonas?

La propuesta incluye formalización laboral, salarios competitivos, becas de posgrado y mejoras en condiciones de vivienda, transporte y alimentación para quienes trabajen en municipios PDET o zonas afectadas por el conflicto.