Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra 4 EPS intervenidas por presunto desvío de recursos públicos

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria para determinar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de cuatro EPS que actualmente se encuentran intervenidas por el Gobierno Nacional: Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud.

La medida fue adoptada a partir de denuncias realizadas por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien, a través de informes y publicaciones en medios de comunicación, señaló posibles desviaciones de recursos destinados al sistema de salud. En sus declaraciones, Leal indicó que los fondos asignados a la atención médica no habrían sido utilizados conforme a los fines establecidos por la ley, y que, en algunos casos, fueron redirigidos a pagos sin soporte o a conceptos ajenos a la atención en salud.

La procuraduría analiza hallazgos incluidos en documentos técnicos elaborados por la Superintendencia Nacional de Salud, especialmente en el informe denominado “Diligencia Supersalud”, fechado en octubre de 2024. Este documento recoge evidencias sobre la gestión financiera de las EPS bajo observación, detallando giros sin justificación, pagos elevados a terceros y anticipos no legalizados. En el caso de algunas EPS, los recursos habrían sido redireccionados incluso hacia paraísos fiscales.

En relación con Coosalud, se indaga la legalidad de transferencias realizadas a clínicas privadas y la existencia de posibles vínculos con el asesor Mario Andrés Urán, quien, según los documentos, habría influido en la asignación de contratos y recursos dentro de la entidad. La Procuraduría también solicitó información sobre la relación contractual entre esta EPS y Urán Martínez, así como detalles de pagos a la Clínica General del Norte y su controlada Venum, firma con participación en otros actores del sector.

Respecto a Emssanar, se investiga la falta de legalización de anticipos y el presunto sobrecosto en el pago de material médico. Según los registros, entre julio y septiembre de 2024 se presentó un incremento mensual de $2.161 millones en transferencias para implantes de osteosíntesis. También se analizan cuentas por cobrar por valor de $20.191 millones que no habrían sido compensadas contablemente con obligaciones pendientes.

En el caso de Asmet Salud, el informe destaca doce anticipos a terceros por más de $21.000 millones sin documentación legal que sustente dichos pagos. Asimismo, se reportaron inconsistencias en la información financiera reportada, lo que pone en duda la calidad y confiabilidad de los datos entregados a los entes de control.

Para la EPS SOS, la investigación se centra en diferencias de hasta $455 millones en los reportes de trazabilidad de recursos, detectadas al comparar datos de seis prestadores de servicios y proveedores.

La Procuraduría notificó la apertura formal de la investigación a los funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre ellos Jaime Miguel González Montaño (Coosalud), Luis Carlos Arboleda Mejía y César Augusto Sánchez Gutiérrez (Emssanar), Javier Ignacio Cormané Fandiño (Asmet Salud) y Carlos Marino Escobar Vázquez (SOS). Estas personas deberán presentar las justificaciones correspondientes por las decisiones administrativas y financieras adoptadas durante sus periodos de gestión.

La Procuraduría también solicitó inspecciones adicionales a la Superintendencia de Salud y la entrega de documentos que respalden los pagos, giros y estados financieros de las EPS involucradas.

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