(OPINIÓN) El pacto de Valledupar: una radiografía de la guerra híbrida. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

La más reciente y demoledora acusación proviene nada menos que de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). No estamos hablando de un actor periférico ni de un detractor de esquina; hablamos de la funcionaria que tenía su despacho contiguo al del primer mandatario. Aunque desde hace varios meses Rodríguez venía ofreciendo entrevistas en diversos medios exponiendo las graves irregularidades que presenció y alertando sobre las amenazas a su seguridad personal, el pasado fin de semana lanzó un verdadero misil de profundidad al argumentar, con nombres y apellidos, cómo desde la cúspide del Ejecutivo se pretendía alterar el juego democrático y orquestar una estrategia para incidir directamente en las elecciones.

En sus propias palabras, el mandato que le impartió Gustavo Petro fue tajante:

«El presidente me da la orden de que tenemos que cerrar el proceso de Ralito con el pretexto de la paz total… La orden se la da al ministro Benedetti y a mí… el propósito era que al final de las sesiones se entregara un informe de la verdad».

Hasta este punto de la historia, el marco discursivo parece impecable e irreprochable. El proceso de paz adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acumula más de 20 años de trayectoria institucional y resulta apenas sensato, justo y necesario que, tras dos décadas de audiencias y postulaciones, se le ponga un cierre definitivo. Bajo el paraguas conceptual de la «Paz Total» impulsada por Petro, parecía una oportunidad histórica para que los excomandantes paramilitares entregaran un informe detallado de cara al país, donde de frente a las víctimas y a la sociedad ofrecieran verdad, perdón y verdadera reconciliación.

Sin embargo, el propósito noble de la verdad no tardó en desvirtuarse para dar paso a un cálculo electoral frío y teledirigido. Angie Rodríguez reveló los pormenores de la reunión previa en el Palacio de Nariño:

«Luego de varias reuniones virtuales con los jefes paramilitares y delegados del Gobierno en donde se trabajó por la paz, en el mes de septiembre de 2025 se firmó el decreto por parte del presidente Petro para organizar un evento para el mes de octubre de 2025 en la ciudad de Valledupar, en donde yo coordino todo. Entonces, días antes, el presidente me dice en su despacho: "Bueno, lo que yo necesito es que ellos hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras con los paramilitares y que eso se hiciera público por el tema electoral"».

Antes de continuar y dar por sentado que se cometió un acto arbitrario, concedamos el beneficio de la duda y formulemos una hipótesis benevolente. Supongamos por un instante que, en medio de las reuniones virtuales previas en las que participaron Armando Benedetti y la propia Angie Rodríguez, los exjefes paramilitares hubieran mencionado espontáneamente a estas tres figuras de la derecha colombiana como colaboradores, financiadores o aliados de sus estructuras. Supongamos que el presidente, al enterarse en el marco de una contienda donde se disputaba la Presidencia de la República, consideró que era una obligación ética que el país conociera semejante revelación.

Sigamos con las declaraciones de Rodríguez para tener más argumentos.

«En una de las primeras sesiones en Valledupar yo (Angie Rodríguez) me quedo con ellos y, con un preámbulo de mil arandelas, termino diciéndoles que el presidente pide que tienen que hablar de Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Al escuchar esas palabras, muchos de ellos se molestaron; se les notaba en la cara, con un silencio muy fuerte. Uno de ellos se iba a parar y abandonar la reunión, y otro dijo: "No nos vamos a prestar para eso, nosotros ya hablamos ante la justicia". Y cuando yo me percato de que esto no está bien, cambié el tema y les dije que esa era la propuesta del Gobierno, y que cuál era la propuesta de ustedes».

Prosigamos con las suposiciones: ¿acaso los paramilitares ya habían incriminado a estos líderes políticos en privado durante dos décadas pero temían ratificarlo públicamente por miedo a quedar expuestos en el evento de cierre de Ralito?

Resulta difícil de sostener. En más de 20 años de estrados judiciales, miles de horas de versiones libres y cientos de sentencias bajo la Ley de Justicia y Paz, las acusaciones formuladas jamás sostuvieron la estructura que desde el Gobierno se pretendía exigir a última hora.

Las maniobras no se limitaron a las sesiones oficiales. Según reveló un exjefe paramilitar a la Revista Semana, el ministro Armando Benedetti sostuvo reuniones paralelas en un inmueble contiguo al recinto principal en Valledupar, abordando a solas a dos de los excomandantes para presionarlos directamente a "colaborar con el Gobierno" señalando a Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella.

El 1 de agosto de este año, Angie Rodríguez ratificó con crudeza ante la Fiscalía General de la Nación el verdadero trasfondo de la operación:

«Lo que necesitaba era que ellos, los paramilitares, hicieran una rueda de prensa o se fueran de gira por todo el país en medio de la campaña presidencial diciendo: "Este me dio la orden de asesinar a este; miren que este fue el financiador de él, si me doy a entender". Lo que querían era ganar las elecciones a punta de ese testimonio, pero ni ellos ni yo accedimos».

Salvatore Mancuso, nombrado previamente como gestor de paz, confirmó de forma tajante que ninguno de los excomandantes de las AUC aceptó la propuesta, enfatizando que lo pretendido no correspondía a la realidad y que jamás se prestarían para armar acusaciones falsas con fines de persecución política.

A este pronunciamiento se sumaron los abogados defensores de Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) y Fredy Rendón Herrera (alias El Alemán), quienes junto a otros exmiembros de las autodefensas manifestaron que no estaban en posición ni en edad para dejarse instrumentalizar como fichas en montajes electorales. Resulta profundamente irónico y revelador que presumiblemente hayan sido los propios actores de la guerra quienes le dieran una lección de contención institucional a un Gobierno dispuesto a todo con tal de neutralizar a sus rivales.

La negativa de la cúpula paramilitar desató la furia en la Casa de Nariño, según lo detalló la propia Rodríguez:

«Cuando los paramilitares no aceptaron la propuesta del presidente se lo informé y se molestó demasiado. Le dije que los paramilitares habían hecho una propuesta que sería muy benéfica para el país y me dijo que él no me había enviado para eso y que me tenía que devolver inmediatamente para Bogotá. Le dije que con todo respeto no me iba a volver porque sentía que la alternativa que habían presentado los paramilitares era la correcta para cerrar las heridas. Ese día me llamó varias veces muy enojado, me decía que no tenía que estar haciendo nada allí, que me ponía un avión de la Policía para retornar a la capital y al final comenzó a decirme que yo tenía vínculos con los paramilitares y que si no me devolvía me sacaba del DAPRE».

Como era de esperarse, ante las serias acusaciones que lo comprometían el expresidente Petro reaccionó en sus redes sociales tachando a Rodríguez de mentirosa y negando haber dado semejante instrucción. Sin embargo, para entender la gravedad de lo denunciado y comprender por qué la Fiscalía no puede dejar este expediente en la impunidad, basta con reconstruir la impecable cronología de los hechos:

· Año 2023: Salvatore Mancuso es designado como gestor de paz.

· Noviembre de 2024: Se expide el nombramiento colectivo de la cúpula de exjefes paramilitares como gestores de paz.

· Junio de 2025: Se escenifica el polémico tarimazo en la ciudad de Medellín con presencia del presidente en ejercicio y los exjefes paramilitares.

· Septiembre de 2025: Se ratifica como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares y comienzan formalmente los diálogos para el cierre de Justicia y Paz.

· Octubre de 2025: Ocurre la reunión en el despacho presidencial donde, según Angie Rodríguez, Petro le da la orden a ella y a Benedetti de lograr la incriminación de Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

· Octubre de 2025 (Previo a las sesiones): Armando Benedetti sale ante los medios de comunicación dando apertura al evento en Valledupar con una declaración que hoy cobra una luz tenebrosa:

«Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz y se han comprometido a decir la verdad, verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo en el establecimiento con ellos y que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos (…) Hay que buscar una reunión presencial con ellos para comenzar a tomar las decisiones, hacer unos cronogramas para ir a territorio y contar la verdad. Lo importante de todo esto es que esos actores que estuvieron presentes en el pasado en esa violencia, hoy todavía muchos de ellos siguen vigentes o han vuelto a aparecer en la escena pública; es importante que el país conozca qué clase de criminales son».

Ante semejante despliegue mediático por parte de Benedetti, la propia Angie Rodríguez relató que varios exjefes paramilitares le preguntaron extrañados a qué se refería el ministro del Interior, pues ellos ya le habían contado su verdad a la justicia y no tenían nada nuevo ni inédito que aportar.

· Del 22 al 25 de octubre de 2025: Se desarrollan a puerta cerrada las apasionadas sesiones en Valledupar.

Lo más alarmante del cuadro es que la puesta en escena estaba perfectamente calculada dentro de una estrategia de guerra híbrida y asimétrica. Pese a que se había acordado que las reuniones con las AUC serían estrictamente privadas y sin presencia de medios, Hollman Morris director de RTVC se encontraba "coincidencialmente" en Valledupar desplegado con todo el equipo del canal institucional. A esto se suma el testimonio de los excomandantes, quienes contaron que en el avión de regreso a Bogotá coincidieron con el senador y precandidato Iván Cepeda, confirmando que también estuvo presente en Valledupar durante los días del evento.

Todo el aparato del Estado, el canal de televisión público y la figura clave del proyecto político oficialista estaban alineados estratégicamente en el lugar de los hechos. El objetivo era evidente: una vez que se detonara la "bomba mediática" en contra de los líderes del Centro Democrático, Cambio Radical y del candidato favorito de las encuestas, Abelardo de la Espriella, la maquinaria de propaganda estatal y el candidato del Gobierno estarían listos para amplificar el impacto y fulminar a la oposición en cadena nacional.

Angie Rodríguez lo resumió sin rodeos ni eufemismos: «Petro lo que preparó fue un montaje; a eso están acostumbrados».

Frente a la gravedad de lo expuesto, la exigencia a la Fiscalía General de la Nación debe ser categórica y sin dilaciones. Las denuncias radicadas por Angie Rodríguez desde el pasado 1 de agosto no pueden dormirse en el sueño de los justos. Estamos adentrándonos en un nuevo ciclo electoral y resulta inaceptable para la democracia colombiana que persista un manto de duda sobre la conducta de sectores políticos que, mediante sofisticados planes de desprestigio, uso indebido del aparato público y la práctica abierta de la instrumentalización de la justicia, buscan descarrilar rivales y viciar las urnas. Es hora de desmontar las jugadas de sombra y exigir transparencia radical.

Refresquemos la política, desde Antioquia para Colombia.