Procuraduría solicitó información sobre gestión de Edwin Palma en la intervención de Air-e

La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva para verificar presuntas irregularidades administrativas, contractuales y financieras durante el periodo en que Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía, quien en su momento se desempeñó como agente especial de la empresa de energía Air-e, en proceso de intervención desde septiembre de 2024.

El organismo de control remitió un requerimiento formal a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, entregue información relacionada con la gestión de Palma al frente de la compañía.

El plazo vence este viernes 29 de agosto y la solicitud está compuesta por 11 puntos específicos sobre nombramientos, contratación, uso de recursos públicos, manejo del Fondo Empresarial y pagos efectuados en el marco de la intervención.

Uno de los aspectos sobre los que pide información la Procuraduría es la relación completa de nombramientos realizados en cargos directivos, gerenciales y de confianza en Air-e desde septiembre de 2024.

El objetivo es verificar si existieron conflictos de interés o posibles vínculos familiares en el proceso de designación de funcionarios. Entre los casos señalados figura el nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea como gerente de contabilidad de la empresa intervenida, quien es primo de Palma. El ente de control pidió confirmar si Superservicios conocía de esa relación antes de la designación.

En materia contractual, se solicitó un detalle de los contratos celebrados entre octubre de 2024 y agosto de 2025, precisando objeto, contratistas, valores, modalidad de selección, recursos empleados y estado de ejecución de cada proceso. El interés del organismo es establecer si existieron irregularidades en la adjudicación y desarrollo de los contratos.

La Procuraduría también pidió a la Superintendencia el detalle de los montos girados por el Fondo Empresarial a Air-e desde el inicio de la intervención, con información sobre el desglose de los pagos, los destinatarios de los recursos, los criterios de priorización y la existencia de beneficiarios recurrentes. El ente busca determinar si la administración de los recursos públicos se ajustó a los principios de transparencia y legalidad.

En su comunicación, la Procuraduría aclaró que la actuación preventiva no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades, sino que tiene como propósito anticipar posibles hechos que puedan vulnerar derechos de los ciudadanos o afectar el adecuado ejercicio de la función pública. El desarrollo de esta verificación permitirá al organismo de control definir si es necesario iniciar procesos disciplinarios o adoptar otras medidas.