Procuraduría pidió declarar inexequibles algunos puntos de la emergencia económica

La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de varios apartes del Decreto Legislativo 1390, firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre, que establecía el estado de emergencia económica y social en Colombia.

De acuerdo a lo que se conoció, el documento, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, fue enviado al magistrado Carlos Camargo, encargado de estudiar la demanda presentada contra el decreto, pero peviamente, la Corte Constitucional había suspendido los efectos de la norma mediante medida cautelar, mientras se evaluaba su constitucionalidad.

Según el concepto de la Procuraduría, cuatro de los puntos del decreto carecían de sustento constitucional suficiente para justificar la declaratoria del estado de emergencia económica y social. 

Entre ellos se encontraban la asignación de recursos adicionales al sector defensa y a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, la atención de la emergencia generada por desastres naturales, el pago de sentencias judiciales y la cobertura de obligaciones atrasadas.

El documento indicó que, aunque estos temas eran importantes, no cumplían con los requisitos constitucionales para declarar un estado de excepción, dado que la situación se derivaba de fallas en la planeación y gestión de las entidades públicas y del Gobierno nacional. 

Por todo esto, la Procuraduría enfatizó que el uso del decreto para estos fines podría desdibujar la naturaleza de los instrumentos de planificación y gestión del riesgo previstos en la Constitución.

El concepto de la Procuraduría destacó que, en materia de salud, se habían implementado diversos mecanismos de vigilancia y control para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. 

Entre estos mecanismos se incluyeron la intervención forzosa administrativa de las EPS, cambios en la regulación y la activación de competencias de distintas entidades con atribuciones sobre el sector, además se busca asegurar la cobertura universal, la unificación del plan de beneficios, el suministro oportuno de medicamentos, el agendamiento de citas médicas, el número de atenciones prestadas, así como la garantía de los derechos del personal de salud y la infraestructura adecuada de los centros asistenciales.

No obstante, la Procuraduría señaló que persistían graves falencias en la prestación de los servicios de salud, por lo que optimizar su funcionamiento era clave para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la salud y a una vida digna, tanto de los pacientes como de sus familias y redes de cuidado. 

Según el documento, mejorar el sistema de salud también podría reducir las quejas, las acciones de tutela y permitir un uso más adecuado de los recursos públicos. A partir de este análisis, la Procuraduría solicitó que se declarara la exequibilidad del decreto únicamente respecto de los hechos y consideraciones vinculadas con la garantía del aseguramiento en salud, producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación. 

En el documento, también se argumentó que la falta de recursos podría impactar negativamente la atención médica y vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios, así como los de sus familias, y que la implementación de esta excepción era indispensable para asegurar el funcionamiento del sistema y proteger la vida digna de la población.

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