Procuraduría abre investigación y suspende provisionalmente a embajadora de Colombia en Haití por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación inició formalmente una investigación disciplinaria contra la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, luego de unas declaraciones entregadas durante una entrevista concedida al medio haitiano Metropole Radio y Televisión.

La actuación fue asumida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa bajo el radicado IUS E-2026-268354 / IUC D-2026-4344692.

Según el auto conocido anoche, la entidad considera que podrían existir elementos relacionados con una eventual participación indebida en política por parte de la diplomática.

De acuerdo con el documento, durante la entrevista emitida en el programa “Le Point”, la embajadora habría manifestado: “Colombia ha cambiado (…). La Constitución no permite la reelección del presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

Posteriormente, ante una pregunta del periodista Wendell Theodore sobre el partido político del candidato, la funcionaria respondió: “el mismo Pacto Histórico”, agregando además que Cepeda “es un buen hombre”.

Estas afirmaciones fueron consideradas suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.

Procuraduría ordenó suspensión provisional

Además de la apertura de la investigación, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Vilma Velásquez Uribe del cargo de embajadora de Colombia en Haití.

La medida cautelar tendrá vigencia inicialmente hasta el 31 de mayo de 2026, fecha de la primera vuelta presidencial. En caso de realizarse segunda vuelta, la suspensión se extendería hasta el 21 de junio a las 4:00 de la tarde.

La Procuraduría argumentó que la medida busca preservar la transparencia del proceso electoral y evitar posibles interferencias desde cargos públicos diplomáticos.

El organismo disciplinario recordó que, conforme a la Constitución y a las normas vigentes, los servidores públicos tienen restricciones frente a la participación en actividades políticas y electorales.

La decisión será consultada ante la Sala Disciplinaria de Instrucción, aunque el auto señala que contra la orden de suspensión provisional no procede recurso alguno.

Se solicitaron pruebas a Cancillería y medios de comunicación

Dentro de las pruebas decretadas, la Procuraduría ordenó incorporar las publicaciones en medios y redes sociales que impulsaron la apertura de la actuación disciplinaria.

También solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación laboral completa de la embajadora, incluyendo actos de nombramiento, posesión, funciones, salario y datos de contacto.

Adicionalmente, el ente de control pidió formalmente al medio haitiano Metropole Radio y Televisión una copia íntegra y sin edición de la entrevista realizada a la diplomática.

La Procuraduría también requirió información sobre el contexto en que se produjo la entrevista y si la participación de la embajadora obedeció a una invitación del medio.

En caso de no obtener respuesta directa, se ordenó tramitar una carta rogatoria a través de la Embajada de Haití en Bogotá o mediante el Consulado colombiano en Puerto Príncipe.

Posteriormente, la entrevista será traducida oficialmente del francés al español para incorporarla al expediente disciplinario.

Debate sobre participación política de funcionarios públicos

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de participación política de los funcionarios públicos, especialmente de quienes ocupan cargos diplomáticos o representan al Estado colombiano en el exterior.

En los últimos meses, distintos sectores políticos han cuestionado pronunciamientos de funcionarios del Gobierno relacionados con campañas electorales y respaldo a candidatos.

La Procuraduría reiteró que la Constitución establece restricciones claras frente a la utilización de cargos públicos para favorecer aspiraciones políticas o partidos durante procesos electorales.

Mientras avanza la investigación disciplinaria, la Cancillería y las autoridades competentes deberán atender los requerimientos realizados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.