Procurador exhortó al gobierno entrante y al saliente a retomar el empalme y a respetar la transición

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach informó que la Procuraduría acompañará el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, tras la solicitud presentada por el Comité Nacional de Empalme.

Al mismo tiempo, reiteró que la transición entre administraciones constituía una obligación prevista en la Constitución y en la ley, por lo que exhortó a ambas partes a cumplir estrictamente las normas que regulan ese procedimiento.

Durante un pronunciamiento dirigido al país, Eljach afirmó que Colombia atravesaba una transición democrática legítima luego de las elecciones en las que fueron escogidos el nuevo Congreso de la República y el presidente para el periodo 2026-2030. También recordó que las autoridades electorales expidieron las credenciales que acreditaron oficialmente al presidente y al vicepresidente electos, mientras avanzaba la declaratoria definitiva de las demás corporaciones públicas.

El procurador señaló que cualquier controversia derivada del proceso electoral debía resolverse a través de los mecanismos judiciales establecidos por el ordenamiento jurídico, como ocurría en cualquier sistema democrático, y destacó que esas actuaciones ya estaban siendo tramitadas por las autoridades competentes.

Al referirse al proceso de empalme, explicó que la Constitución asignaba al Procurador General la función de proteger el ordenamiento jurídico, responsabilidad que, indicó, lo llevó a exhortar a los equipos del gobierno saliente y del gobierno entrante a observar con rigor las disposiciones legales que regulan la transición administrativa.

Eljach recordó que el empalme es un procedimiento obligatorio de carácter estratégico mediante el cual se entrega formalmente la administración pública, junto con la información relacionada con los recursos, asuntos pendientes, riesgos, logros y soportes documentales necesarios para garantizar la continuidad del Estado.

En ese sentido, explicó que este proceso se encuentra regulado por la Ley 951 de 2005 y por la Ley 152 de 1994, normas que establecen la obligación de las autoridades nacionales de entregar informes de gestión al finalizar su administración. Agregó que los servidores públicos deben presentar un acta con los asuntos y recursos bajo su responsabilidad, mientras que quienes asumen el cargo tienen el deber de recibir esa información y revisar su contenido.

Por otra parte, confirmó que, tras la solicitud formulada por el Comité Nacional de Empalme, dispuso las medidas necesarias para que la Procuraduría acompañe el desarrollo de esa etapa de transición institucional. Asimismo, invitó a que el proceso se adelantara con prontitud, respeto entre las partes y dentro de los plazos fijados por la legislación, al considerar que ello resulta fundamental para garantizar la adecuada prestación del servicio público y preservar el funcionamiento de las instituciones.

Durante su intervención, también recordó que el nuevo presidente de la República asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto, conforme a lo establecido por la Constitución y la ley, y señaló que la oposición contará con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico para ejercer su labor dentro del sistema democrático.

Finalmente, se hizo un llamado a los distintos sectores políticos y de opinión para disminuir la polarización y fortalecer el debate democrático a través de argumentos y del respeto por las instituciones.

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