¿Petro pretende mandar sobre la fiscal? Nueva tensión entre Petro y la Fiscalía por suspensión de órdenes de captura al Clan del Golfo.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con molestia luego de conocer la decisión de la Fiscalía General de abstenerse de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo.

La respuesta del mandatario se produjo a través de su cuenta oficial en la red social X, donde defendió las facultades del Gobierno en la conducción de la política de paz y cuestionó la postura adoptada por el ente acusador.

“El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia”, escribió Petro.

El jefe de Estado aseguró que las zonas de concentración para procesos de desmovilización y sometimiento deben ser respetadas dentro del marco constitucional y reiteró que la paz constituye un derecho y un deber del Estado colombiano.

Las declaraciones se conocieron después de que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, emitiera una resolución negando la solicitud del Gobierno nacional relacionada con la suspensión automática de órdenes de captura y medidas de extradición contra integrantes del grupo armado.

La Fiscalía argumenta falta de requisitos legales

En el documento expedido por la Fiscalía, la entidad explicó que no existen suficientes elementos verificables para considerar que el proceso de paz con el Clan del Golfo haya alcanzado un “estado avanzado”, requisito exigido por la legislación vigente para adoptar ese tipo de beneficios judiciales.

La resolución señala que la Fiscalía decidió abstenerse de implementar medidas de seguridad jurídica relacionadas con el traslado de integrantes del grupo armado hacia zonas de ubicación temporal.

Según el ente acusador, no se cuenta todavía con información suficiente que permita acreditar el cumplimiento de las condiciones legales necesarias para suspender de manera general e inmediata las órdenes de captura. La decisión representa un nuevo obstáculo a las irregulares peticiones para la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno Petro.

Petro aclara postura sobre extraditables

Tras la polémica generada por la solicitud inicial, el presidente Petro explicó que no había autorizado la inclusión de integrantes extraditables dentro de las primeras fases del proceso.

El mandatario aseguró que la llamada Comisión de Paz elaboró una lista de 29 nombres, pero afirmó que esa decisión no fue consultada directamente con la Presidencia.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo”, afirmó Petro en sus redes sociales.

El presidente también señaló que solo en etapas avanzadas de un eventual proceso de paz podrían contemplarse suspensiones de extradición, tal como lo establece la ley colombiana.

En ese sentido, indicó que el Gobierno trabaja actualmente en la elaboración de una lista ampliada de cerca de 400 integrantes del grupo armado, excluyendo a personas con solicitudes de extradición vigentes.

Debate institucional por la “paz total”

La controversia volvió a evidenciar las tensiones institucionales en torno a la política de “paz total”, uno de los principales ejes del Gobierno nacional.

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de abrir espacios de sometimiento y negociación con estructuras armadas ilegales, distintos sectores políticos y jurídicos han advertido sobre los límites constitucionales y legales de esas iniciativas.

La negativa de la Fiscalía fue interpretada por algunos sectores como una defensa de la autonomía judicial frente a decisiones relacionadas con organizaciones criminales.

Por su parte, críticos del Gobierno han cuestionado que este tipo de solicitudes se presenten en medio de un contexto electoral y de incremento de hechos violentos en varias regiones del país.

La discusión también revive el debate sobre el alcance de las competencias presidenciales frente a decisiones de carácter judicial y el equilibrio de poderes dentro del Estado colombiano.

Mientras tanto, el proceso de acercamientos con el Clan del Golfo continúa generando fuertes controversias políticas y jurídicas en el país.