Paloma Valencia denunció suspensión de órdenes de captura a 205 integrantes de grupos armados durante el Gobierno Petro

Las declaraciones fueron realizadas por la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático, quien señaló que estas decisiones se han adoptado durante la actual administración como parte de los procesos de diálogo impulsados por el Ejecutivo. Según indicó, la suspensión de estas órdenes se enmarca en la estrategia gubernamental orientada a establecer negociaciones con distintos actores armados.

Valencia afirmó que, a la fecha, existirían 81 órdenes de captura suspendidas correspondientes a integrantes de diferentes organizaciones ilegales. De acuerdo con el desglose presentado por la dirigente política, estas medidas cobijan a miembros de varias estructuras con presencia en distintas regiones del país.

Dentro de los datos expuestos, mencionó a 35 integrantes del denominado Estado Mayor Central, así como a 11 miembros de la Segunda Marquetalia. También incluyó a 9 personas vinculadas a los Comuneros del Sur, estructura asociada al ELN, y a 6 integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En la relación presentada por la candidata presidencial también se encuentran 3 miembros de las Autodefensas Gaitanistas, 10 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, estructura que, según indicó, corresponde a una denominación previa de la Segunda Marquetalia y 7 personas vinculadas a organizaciones de alto impacto en el Valle de Aburrá.

La congresista señaló que estas cifras corresponden a información que ha difundido a través de sus canales de comunicación, en el contexto de sus cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno. En ese sentido, planteó que la suspensión de órdenes de captura coincide con el desarrollo de la actual campaña electoral.

En sus declaraciones, Valencia hizo referencia al momento en que se aplican estas decisiones y sostuvo que estas medidas han permitido la libertad de integrantes de organizaciones ilegales en medio del proceso electoral. La dirigente política vinculó este escenario con la estrategia de negociación promovida por el Ejecutivo.

Asimismo, la candidata expresó cuestionamientos sobre los efectos de la política de “paz total” en materia de seguridad. En ese contexto, relacionó esta estrategia con el comportamiento de fenómenos como los cultivos ilícitos, el secuestro y la extorsión, temas que mencionó en su pronunciamiento público.

Las afirmaciones de Valencia se producen en medio del debate sobre la implementación de la política de paz del Gobierno nacional, que contempla acercamientos con distintos grupos armados mediante mecanismos que incluyen la suspensión de órdenes de captura para facilitar la participación de voceros en espacios de diálogo.

El Gobierno ha sostenido que estas medidas hacen parte de los instrumentos legales contemplados para avanzar en procesos de negociación y sometimiento, en el marco de la normativa vigente. Estas decisiones suelen estar sujetas a condiciones específicas y a la supervisión de las autoridades competentes.

El señalamiento de la congresista se suma a otras posiciones políticas que han surgido en relación con la política de "paz total", la cual ha sido objeto de discusión en distintos escenarios institucionales y políticos del país.

Las cifras mencionadas por Valencia hacen referencia a distintos grupos armados que han sido incluidos en procesos de acercamiento o diálogo con el Gobierno, en los cuales se han aplicado mecanismos como la suspensión temporal de órdenes de captura para facilitar la interlocución.

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