Pacto Histórico bajo presión: Solicitan investigación ética contra Gustavo Petro por presuntos favores sexuales en contratación

La estructura interna del Pacto Histórico enfrenta un desafío ético sin precedentes tras las recientes denuncias que vinculan al expresidente Gustavo Petro con un presunto esquema de intercambio de favores sexuales por contratos estatales. La abogada y activista Juliana Beltrán Moya, reconocida por su cercanía a los movimientos progresistas y por haber liderado procesos legales como la demanda de investidura contra el representante Daniel Briceño, ha solicitado formalmente que la colectividad active sus protocolos disciplinarios para examinar la conducta del exmandatario.

Solicitud de intervención a la Comisión Nacional de Ética

A través de un pronunciamiento público, Beltrán Moya instó a la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico a iniciar una revisión de oficio sobre el caso que involucra a Deicy Jiménez, excontratista del Estado. La jurista argumenta que, ante la gravedad de los hechos conocidos y la difusión de material audiovisual que confirma una relación íntima entre Petro y Jiménez, el partido debe actuar con celeridad para preservar la integridad de sus principios morales.

La petición de la activista no se limita a una simple observación; sugiere que, de hallarse fundamentos suficientes en las etapas preliminares, se considere la separación provisional de Gustavo Petro de sus cargos directivos dentro de la organización política. Esta medida buscaría garantizar la transparencia mientras avanzan las investigaciones judiciales que actualmente cursan en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Análisis de la asimetría de poder y la contratación pública

El núcleo de la controversia reside en si la relación íntima documentada fue el vehículo para la adjudicación de recursos públicos. Según las denuncias, Deicy Jiménez, de 26 años, habría sido beneficiaria de al menos 10 contratos estatales entre los años 2019 y 2026, cuya suma total supera los $100 millones. Estos vínculos contractuales se habrían originado en entidades de alto nivel como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

Juliana Beltrán Moya enfatizó que la investigación debe centrarse en la "asimetría de poder". Para la abogada, es imperativo determinar si la posición de autoridad de Petro fue utilizada para condicionar la permanencia o entrega de dichas órdenes de prestación de servicios. No obstante, fue clara al señalar que la existencia de un video íntimo y los registros de contratación no constituyen, por sí mismos, una prueba irrefutable de un delito, sino que son indicios que requieren una verificación técnica y jurídica profunda.

"Una cosa es que haya habido intimidad y otra es demostrar que esa intimidad fue una condición para recibir o mantener contratos públicos", precisó la letrada, subrayando que aún quedan interrogantes críticos por resolver, tales como la autoría de las firmas en los contratos, la justificación técnica de las labores realizadas por Jiménez y el grado de intervención directa del expresidente en dichos procesos administrativos.

Garantías procesales y protección a la presunta víctima

En su análisis, Beltrán Moya abogó por un equilibrio procesal. Por un lado, reclamó que Deicy Jiménez reciba un trato digno y protección bajo el enfoque de presunta víctima de violencia sexual y abuso de poder. Por otro lado, recordó que Gustavo Petro goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia y al debido proceso. En este sentido, cuestionó la filtración masiva del video íntimo, advirtiendo que la exposición de la vida privada puede contaminar el juicio público antes de que las autoridades competentes emitan un fallo definitivo.

Actualmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado inspecciones en la Secretaría del Senado para recaudar material documental. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación analiza el dispositivo móvil entregado por Jiménez, el cual contendría conversaciones clave para el caso. Por su parte, la defensa de Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, sostiene que el material difundido carece de valor probatorio respecto a la comisión de delitos contra la administración pública, pues no evidencia pagos ni decisiones administrativas irregulares.

El marco estatutario del Pacto Histórico

La solicitud de Beltrán se fundamenta en el artículo 15 de los estatutos del Pacto Histórico, que contempla sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva. Dado que Gustavo Petro ejerce como presidente del partido, la competencia recae exclusivamente en la Comisión Nacional de Ética, un organismo compuesto por siete miembros principales encargados de velar por la moralidad interna.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a no permitir que el escándalo mediático opaque otros temas de relevancia nacional. En una crítica hacia la coyuntura política actual, sugirió que la atención excesiva en la vida privada del exmandatario podría estar distrayendo a la opinión pública de debates económicos urgentes, como el proyecto de reforma tributaria impulsado por el actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa al expresidente Gustavo Petro?

Se le señala de un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales con Deicy Jiménez, quien habría recibido al menos 10 contratos por más de $100 millones en entidades como el Senado y el Ministerio del Interior.

¿Qué solicitud formal hizo la abogada Juliana Beltrán Moya?

Pidió a la Comisión de Ética del Pacto Histórico iniciar una investigación de oficio y considerar la separación provisional de Petro de sus cargos directivos para garantizar la transparencia del proceso.

¿Qué autoridades están investigando el caso actualmente?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia realiza inspecciones en el Senado, mientras que la Fiscalía General analiza un dispositivo móvil con conversaciones clave entregado por la denunciante.