María Fernanda Cabal propuso al presidente electo Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú

Cabal plantea retirar a Colombia del tratado ambiental. La exsenadora María Fernanda Cabal solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, promover la denuncia del Acuerdo de Escazú, tratado internacional del que Colombia hace parte y que busca fortalecer el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en decisiones relacionadas con el medio ambiente y la protección de los defensores ambientales.

A través de un pronunciamiento público, Cabal expresó su desacuerdo con la permanencia del país en este instrumento internacional, al que calificó como una herramienta utilizada por sectores de la izquierda política.

La dirigente, quien hizo parte del Centro Democrático y fue precandidata presidencial, manifestó que el nuevo Gobierno debería revisar la continuidad de Colombia dentro del acuerdo una vez inicie el periodo presidencial 2026-2030.

Qué es el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental adoptado por los países de América Latina y el Caribe y también el primero en el mundo que incorpora disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras del medio ambiente.

El instrumento fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y tiene como propósito garantizar el acceso a la información ambiental, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con proyectos que puedan generar impactos ambientales y facilitar el acceso a la justicia en esta materia.

Además, contempla mecanismos orientados a proteger a líderes sociales, comunidades y organizaciones que desarrollan labores de defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Un tema que ha generado amplio debate

Desde su creación, el Acuerdo de Escazú ha generado posiciones encontradas en Colombia.

Diversos sectores ambientales, académicos y organizaciones sociales consideran que el tratado fortalece la transparencia institucional y promueve mayores garantías para las comunidades frente a decisiones relacionadas con proyectos ambientales y de desarrollo.

En contraste, algunos dirigentes políticos y sectores empresariales han expresado reparos sobre el alcance de sus disposiciones, argumentando que podría generar mayores cargas regulatorias o afectar la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo económico del país.

En ese contexto se enmarca el pronunciamiento de María Fernanda Cabal, quien reiteró su posición crítica frente al acuerdo e invitó al presidente electo a revisar la permanencia de Colombia dentro del tratado.

La decisión corresponderá al nuevo Gobierno

Hasta el momento, el presidente electo Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud formulada por Cabal ni ha anunciado si su administración impulsará alguna revisión de la participación de Colombia en el Acuerdo de Escazú.

El tema podría hacer parte de la agenda ambiental del nuevo Gobierno, que asumirá funciones en agosto de 2026 y deberá definir su posición frente a diversos compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano.

La eventual denuncia de un tratado internacional supone el cumplimiento de los procedimientos previstos tanto en el propio acuerdo como en el ordenamiento jurídico colombiano y en las normas del derecho internacional.

Por ahora, el planteamiento de la exsenadora reaviva una discusión que ha acompañado al Acuerdo de Escazú desde su adopción y que continúa generando opiniones divergentes entre distintos sectores políticos, ambientales y sociales del país.