Hernán Cadavid cuestionó objeción del Gobierno de Abelardo De La Espriella a ley que defendía el mérito en cargos públicos
El senador Hernán Cadavid calificó como “desconcertante” la decisión del Gobierno nacional de objetar la iniciativa que lideró para impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos de alta responsabilidad. Desde la Cámara, el representante Daniel Briceño también rechazó la medida y anunció que defenderán la norma durante el trámite de las objeciones.
La primera objeción presentada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a una ley aprobada por el Congreso ya comenzó a generar reacciones políticas. El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, autor de la iniciativa, expresó su desconcierto por la decisión del Ejecutivo de devolver el proyecto sin sanción presidencial y objetarlo por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 056 de 2024 Cámara y 345 de 2024 Senado, tenía como propósito prohibir la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional. El proyecto fue presentado originalmente por Cadavid y surtió su trámite legislativo antes de llegar al despacho presidencial.
Tras conocerse la decisión, el senador aseguró que se enteró de la objeción a través de los medios de comunicación y defendió el espíritu de una norma que, según explicó, fue construida para fortalecer el mérito y evitar que se flexibilizaran las exigencias para ocupar posiciones de alta responsabilidad en el Estado.
“Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad. Desconcertante”, manifestó Cadavid.
La reacción del senador se produjo luego de que el Gobierno nacional formalizara sus objeciones al proyecto. Según la decisión conocida este 21 de agosto, el Ejecutivo consideró que la norma presenta razones de inconstitucionalidad e inconveniencia y cuestionó, entre otros aspectos, lo que denominó una posible invasión de competencias del Ejecutivo y una limitación de la potestad reglamentaria para ajustar los requisitos de los empleos públicos a las dinámicas del Estado.
El proyecto había sido concebido precisamente para evitar que, mediante modificaciones a las plantas globales de empleo o decisiones administrativas, se redujeran los criterios mínimos exigidos para acceder a determinados cargos directivos. De acuerdo con la información oficial del Congreso, el propósito era impedir “la disminución de los requisitos habilitantes” y garantizar que quienes ocuparan esas posiciones contaran con los conocimientos técnicos y profesionales necesarios para una adecuada prestación del servicio público.
A las críticas de Cadavid se sumó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien calificó como un “enorme error” la decisión adoptada por el nuevo Gobierno y anunció que desde la Cámara de Representantes están dispuestos a defender la iniciativa durante el trámite constitucional de las objeciones.
“Mi colega Hernán Cadavid lideró la aprobación el periodo pasado de este proyecto de ley que busca prohibir que se reduzcan los requisitos para acceder a cargos públicos. Es un enorme error la objeción que acaba hacer el nuevo gobierno. Esta norma premia el mérito y la preparación”, señaló Briceño.
El representante fue más allá y anticipó la posición que asumirán los defensores de la iniciativa cuando el Congreso deba estudiar formalmente los argumentos del Ejecutivo. “Estamos listos desde la Cámara de Representantes para defender esta norma en el trámite de las objeciones”, agregó.
La controversia abre ahora un nuevo capítulo para una iniciativa que había superado su trámite legislativo. El proyecto fue radicado inicialmente en la Cámara de Representantes el 24 de julio de 2024 y posteriormente continuó su curso en el Senado, donde también fue estudiado bajo el número 345 de 2024.
Con la objeción presidencial, el debate regresará al Congreso, que deberá examinar los reparos formulados por el Gobierno. De un lado, el Ejecutivo sostiene que la norma podría limitar competencias constitucionales y reglamentarias; del otro, sus promotores insisten en que el objetivo central es preservar el mérito, la preparación y unos estándares mínimos para quienes aspiren a ocupar cargos de alta responsabilidad.
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