Gobierno de Abelardo De La Espriella objetó su primera ley: frenó iniciativa para impedir reducción de requisitos en cargos públicos

El Gobierno nacional decidió objetar por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley que buscaba establecer límites a la reducción de los requisitos exigidos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional.

La decisión, consignada en un documento dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil, constituye la primera objeción presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a una iniciativa que ya había surtido su trámite en el Congreso y estaba a la espera de la sanción presidencial.

La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 056 de 2024 Cámara y 345 de 2024 Senado, promovido originalmente por Hernán Darío Cadavid Márquez, dirigente del Centro Democrático y hoy senador de la República. El proyecto había sido radicado inicialmente en la Cámara de Representantes el 24 de julio de 2024 y posteriormente continuó su trámite legislativo en el Senado.

El objetivo de la propuesta era evitar que, mediante modificaciones en las plantas globales de empleo o decisiones administrativas, se redujeran las exigencias mínimas de formación, experiencia o idoneidad para ocupar determinados cargos directivos del Estado.

Sin embargo, el Ejecutivo resolvió devolver la iniciativa a la corporación en la que tuvo origen, sin la correspondiente sanción presidencial. En el documento conocido este 21 de agosto, el Gobierno señaló que, “con fundamento en los artículos 165, 166, 167 y 200 de la Constitución Política”, se permite objetar el proyecto por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.

La comunicación agrega que la iniciativa es devuelta “sin la correspondiente sanción presidencial para que surta el trámite previsto en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992”.

De acuerdo con el contenido de la objeción, el Gobierno cuestiona varios aspectos de fondo de la iniciativa. Entre ellos aparece lo que considera una posible “desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil y coadministración judicial prohibida”.

También se plantea una posible “invasión de competencias del Ejecutivo, petrificación legislativa y vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo”. A esto se suma una tercera objeción relacionada con la “subjetivización del empleo público, desconocimiento del debido proceso, tipicidad y dosimetría disciplinaria”.

El proyecto tenía como propósito establecer una barrera frente a la flexibilización de los requisitos para ocupar cargos directivos, bajo la premisa de que las funciones públicas de alto nivel deben estar respaldadas por conocimientos técnicos y profesionales acordes con las responsabilidades del puesto.

De hecho, en la información oficial del trámite legislativo se explica que la iniciativa buscaba evitar “la disminución de los requisitos habilitantes” y, como consecuencia, impedir que el ejercicio de determinados cargos se realizara sin los conocimientos técnicos y profesionales necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio público.

Ahora, tras la decisión del Gobierno, el proyecto deberá regresar al Congreso para continuar el procedimiento previsto para las objeciones presidenciales. Esto significa que la iniciativa no quedó definitivamente archivada, pero tampoco podrá convertirse en ley mientras se surte el trámite correspondiente y el Legislativo estudia los argumentos expuestos por el Ejecutivo.