Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia nueva cúpula militar para enfrentar al crimen organizado y el narcoterrorismo

El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó la nueva estructura de mando de las Fuerzas Militares, con la designación de los oficiales que estarán al frente del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, en el marco de una estrategia de seguridad que tendrá como principales objetivos recuperar el control territorial y combatir las distintas expresiones del crimen organizado y el narcoterrorismo.

El anuncio fue realizado desde la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, donde el mandatario presentó a los integrantes de la nueva cúpula militar y definió las principales directrices que deberán orientar su gestión durante el Gobierno.

Al frente de las Fuerzas Militares estará el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante general. A su lado estará el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez, designado como jefe de Estado Mayor Conjunto, una posición clave para la coordinación de las operaciones y estrategias de las diferentes fuerzas.

En el Ejército Nacional, el mando estará en manos del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien asumirá como comandante de la institución. Lo acompañará como segundo comandante el brigadier general Rodolfo Morales Franco.

La Armada Nacional también tendrá nuevos responsables en su estructura de mando. El vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla y el mayor general Rafael Olaya Quintero estarán al frente de las responsabilidades asignadas dentro de la institución naval.

Uno de los anuncios destacados fue el relacionado con la Fuerza Aeroespacial. El Gobierno determinó que esta institución recuperará su denominación tradicional como Fuerza Aérea Colombiana. La conducción estará a cargo del mayor general Juan Martínez Ossa, quien contará con el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante.

La conformación de esta nueva cúpula se produce en un contexto en el que la seguridad y el control territorial ocupan un lugar central en la agenda del Gobierno. Las directrices entregadas por el presidente apuntan a que las Fuerzas Militares tengan presencia tanto en las zonas históricamente afectadas por la acción de grupos armados y estructuras criminales como en los principales centros urbanos del país.

Durante su intervención, De La Espriella impartió una instrucción concreta a los nuevos comandantes: proteger a los ciudadanos, defender la soberanía nacional y garantizar condiciones de seguridad en todo el territorio.

El mandatario enfatizó que la estrategia no estará limitada a los territorios rurales o apartados. El despliegue de la Fuerza Pública también tendrá como escenario las ciudades y sus barrios, con el propósito de responder a las distintas modalidades del delito que afectan directamente a la población.

La orientación presidencial contempla, además, que las operaciones militares se desarrollen bajo los principios establecidos por la Constitución y la ley. En ese sentido, el Gobierno planteó una Fuerza Pública profesional y firme, pero sometida al marco jurídico y a las reglas que rigen su actuación.

“Proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón del país” fue la instrucción central impartida a los integrantes de la nueva cúpula, según lo anunciado por la Presidencia.

El Gobierno también dejó claro que los nuevos comandantes tendrán respaldo institucional para desarrollar las operaciones destinadas a recuperar el control de las zonas donde organizaciones criminales mantienen presencia o capacidad de intimidación.

La apuesta de la administración De La Espriella es avanzar hacia una ofensiva integral contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y las estructuras que representan una amenaza para la seguridad nacional. Para ello, la nueva cúpula deberá articular las capacidades de las diferentes fuerzas y fortalecer la presencia estatal en los territorios.

El presidente aseguró que la prioridad será que la acción de la Fuerza Pública llegue a todos los sectores del país y que el Estado tenga capacidad efectiva para responder frente a quienes desafíen el orden constitucional.