Gobernación de Antioquia respalda plan de seguridad urbana de Abelardo De La Espriella y pide estrategia especial para la ruralidad

La estrategia de seguridad anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó a generar reacciones desde las regiones. La Gobernación de Antioquia manifestó su respaldo a la iniciativa enfocada en combatir la criminalidad en las principales ciudades del país, aunque insistió en que las acciones también deben priorizar el control del orden público en las zonas rurales, donde, según el departamento, se originan buena parte de las dinámicas de violencia que terminan impactando los centros urbanos.

El pronunciamiento se produjo luego de que De La Espriella anunciara que el próximo 7 de agosto firmará el decreto mediante el cual creará el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos como la extorsión, el homicidio y el hurto en las principales capitales del país.

El presidente electo informó además que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para construir una operación conjunta que responda a las necesidades específicas de cada ciudad.

"El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana", anunció De La Espriella, quien agregó que su propósito es conformar "la más grande operación de seguridad urbana en Colombia". En su mensaje también afirmó: "No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria."

Frente a ese anuncio, la Gobernación de Antioquia calificó como positiva la decisión de reforzar la seguridad en los principales centros urbanos del país, pero consideró que la estrategia debe incorporar un componente diferencial para enfrentar la criminalidad en el campo.

"En buena hora la decisión de fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país", señaló la administración departamental, al tiempo que propuso la creación de una estrategia especial para la seguridad territorial, orientada principalmente a las zonas rurales.

Según la Gobernación, el departamento enfrenta un complejo panorama de orden público que exige intervenciones más amplias. En ese sentido aseguró que "el 70% de los homicidios" se registra actualmente en la ruralidad, por lo que insistió en que la violencia que afecta a las ciudades tiene una estrecha relación con la presencia y el accionar de grupos armados ilegales en las regiones.

La administración departamental sostuvo que "es indispensable reconocer que no puede haber bienestar en los centros urbanos si no se contienen los factores generadores de violencia en el campo, y si no se afecta a los grupos ilegales que desde allí delinquen".

En su pronunciamiento, la Gobernación también hizo un balance crítico sobre la situación de seguridad durante los últimos años. Según indicó, el departamento ha enfrentado un incremento en la presencia de organizaciones criminales y de economías ilegales.

La administración afirmó haber resistido "el embate criminal estos cuatro años", asegurando que el periodo estuvo marcado por "un crecimiento de las FARC de 70% y del Clan del Golfo de 60%; más de 20 mil hectáreas de coca; extorsión que golpea a campesinos, comerciantes y transportadores; minería ilícita y otras economías delictivas que amenazan la tranquilidad de decenas de municipios."

Como parte de las propuestas presentadas al nuevo Gobierno, la Gobernación manifestó su disposición para impulsar el regreso de la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos, argumentando que el crecimiento de estas siembras requiere medidas más contundentes.

En ese sentido expresó que está dispuesta a "ofrecer acompañamiento para exponer, justificar y movilizar ante la Corte Constitucional, con argumentos sólidos, la urgencia de reactivar la fumigación aérea con el apoyo de gobiernos aliados", al considerar que "es el único camino" para reducir la expansión de los cultivos de uso ilícito.

La administración departamental sostuvo además que "estamos de nuevo inundados de cultivos ilícitos. La sustitución manual es insuficiente y riesgosa para civiles y uniformados", insistiendo en la necesidad de fortalecer la lucha contra las economías ilegales que financian a los grupos armados.

Otra de las propuestas planteadas consiste en crear Unidades Operacionales Territoriales para la Seguridad, con presencia en los departamentos más afectados por el narcotráfico y otras actividades ilícitas. La Gobernación señaló que estas unidades deberían integrar capacidades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y fiscales especializados para combatir de manera coordinada las organizaciones criminales.

Finalmente, Antioquia reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con el próximo Gobierno Nacional. "Nuestro Departamento está listo para sumar esfuerzos y construir, junto al Gobierno Nacional, una respuesta integral para proteger a todos los antioqueños", concluyó el pronunciamiento, en respaldo a las nuevas estrategias de seguridad que comenzarán a implementarse a partir del próximo 7 de agosto.