Enrique Gómez cuestionó directiva de Petro sobre vocerías en la comunicación del Gobierno
El senador electo por Salvación Nacional, Enrique Gómez, se pronunció sobre la directiva expedida por Petro que redefine el manejo de las comunicaciones del Gobierno Nacional.
A través de sus redes sociales, el dirigente cuestionó la medida y afirmó que implica una centralización de la vocería en la figura del mandatario. En su declaración, Gómez señaló que la disposición limita la participación de los integrantes del gabinete en escenarios públicos y sugirió que podría restringir pronunciamientos sobre asuntos internos de la administración.
En ese contexto, planteó interrogantes sobre el alcance de la directiva y mencionó a la funcionaria Angie Rodríguez al referirse a posibles efectos de la medida en la divulgación de información.
El pronunciamiento del senador se produjo luego de que se conociera el contenido del documento firmado por el jefe de Estado, en el que se establecen nuevas reglas para la emisión de mensajes oficiales. La directiva define que la vocería principal recaerá en el presidente, quien será el encargado de fijar las posiciones institucionales en temas estratégicos.

De acuerdo con lo establecido, el mandatario asumirá la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales. La norma también fija lineamientos para la intervención de ministros, directores de departamentos administrativos y otros funcionarios en medios de comunicación y eventos públicos.
En ese sentido, se dispone que los ministros podrán ejercer vocería únicamente en temas relacionados con sus respectivas carteras, siempre que cuenten con autorización previa del presidente. Además, sus declaraciones deberán ajustarse a la línea institucional definida por el Gobierno Nacional.
La directiva también establece restricciones para otros funcionarios del Ejecutivo. Directores, gerentes y servidores públicos podrán referirse exclusivamente a asuntos de su competencia, sin abordar temas relacionados con la definición de políticas o estrategias gubernamentales. En todos los casos, deberán seguir las orientaciones fijadas desde la Presidencia.
El documento indica que todas las entidades del orden nacional deberán coordinar sus comunicaciones con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia. Esta dependencia será la encargada de articular los mensajes institucionales y verificar su coherencia con la línea oficial del Gobierno.
Asimismo, se establece que cualquier comunicación pública que pueda incidir en la gestión del Ejecutivo deberá ser previamente coordinada con dicha instancia. La medida busca unificar los mensajes emitidos por las distintas entidades estatales.
En el texto también se hace referencia al artículo 115 de la Constitución Política, que define al Gobierno Nacional como una unidad conformada por el presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Bajo este marco, la directiva señala que la vocería institucional se concentra en la figura del mandatario.
Adicionalmente, se dispone que los servidores públicos no podrán fijar posiciones políticas ni pronunciarse sobre estrategias del Gobierno en sus intervenciones. Las comunicaciones deberán limitarse a información relacionada con la gestión institucional.
La expedición de esta directiva se da en un contexto en el que funcionarios del Ejecutivo han realizado pronunciamientos sobre asuntos internos en espacios públicos y mediáticos. Frente a este escenario, la Presidencia estableció los lineamientos que regirán la vocería institucional.
El documento señala que estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del orden nacional y deberán aplicarse en el ejercicio de las funciones públicas. También indica que los mensajes institucionales deben caracterizarse por el rigor técnico y la coherencia con las posiciones oficiales del Gobierno.
El pronunciamiento de Enrique Gómez se suma a las reacciones que ha generado la directiva, en un escenario en el que se ajustan los mecanismos de comunicación dentro del Ejecutivo y se establecen nuevas condiciones para la participación de los funcionarios en la emisión de mensajes públicos.

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