Concejal Briceño denunció que contratista de Presidencia promovió protestas contra la Andi

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció este jueves que Juan Camilo Villalobos, uno de los activistas que habría convocado la manifestación contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en la capital, tiene un contrato vigente con la Presidencia de la República.

Según el cabildante, esta situación contradice la versión de que los hechos registrados fueron una acción espontánea de movimientos sociales. De acuerdo con la documentación compartida por Briceño, Villalobos tiene un contrato por cerca de 10 millones de pesos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por treinta días de servicios profesionales.

En el documento se especifica que sus funciones corresponden al acompañamiento en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con labores de apoyo a los subsistemas del Sistema Nacional de Derechos Humanos, en el marco de un proyecto de inversión.

El concejal del Centro Democrático cuestionó la participación del contratista en las protestas contra la Andi, que derivaron en daños a fachadas y hostigamientos hacia trabajadores del gremio. “Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Andi, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”, señaló en un trino en su cuenta de X.

Las protestas se dieron en el contexto de movilizaciones en apoyo a Palestina y tras la detención de dos colombianas que hacían parte de la flotilla Global Sumud. Durante la jornada, las sedes de la Andi en Bogotá, Cali y Medellín fueron escenario de asedios, concentraciones nocturnas y amenazas de continuidad de acciones, según los reportes de la entidad.

El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo a los hechos y advirtió que el respeto a los derechos de los ciudadanos no puede estar subordinado a intereses políticos. En su pronunciamiento, señaló que el uso de lenguaje estigmatizante y de acciones que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas genera una amenaza a las libertades individuales.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) también se pronunció al respecto y consideró inaceptable que la Andi se convirtiera en objetivo de manifestaciones relacionadas con asuntos que no hacen parte de su misión. En su comunicado indicó que “nada en el derecho a manifestarse, ampara estigmatizar o paralizar a una organización por temas que no le competen”.

La entidad recordó que la protesta pacífica debe garantizarse, pero no puede derivar en actos de violencia ni hostigamiento a organizaciones privadas. Además, solicitó al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública adoptar medidas para prevenir nuevos incidentes y proteger a los trabajadores, empresas e instalaciones afectadas.

Las críticas se mantienen sobre la relación entre la convocatoria de las manifestaciones, los daños registrados contra la Andi y la contratación vigente del activista con la Presidencia, tema que sigue generando debate político y gremial en el país.