Abelardo De La Espriella ordenó acciones judiciales por presuntos vínculos entre Gobierno y Clan del Golfo

En un documento oficial fechado en Barranquilla el 28 de junio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella impartió instrucciones formales y contundentes al comité de empalme anticorrupción. Este comité, de vital importancia para la nueva administración, está liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. La directriz principal es activar de manera inmediata y rigurosa una serie de acciones legales y jurídicas frente a hechos que De la Espriella calificó como de “la mayor gravedad institucional”, subrayando la seriedad y el impacto potencial de las revelaciones.

La comunicación presidencial advierte explícitamente sobre “recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo”. Estos señalamientos, que han generado gran revuelo en la opinión pública y en los círculos políticos, —según el mandatario electo— “exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”. De la Espriella enfatiza la necesidad de actuar con celeridad y apego a la legalidad para esclarecer la situación.

En este delicado contexto, De la Espriella ordenó que se evalúe de manera integral y exhaustiva toda la información disponible hasta el momento. Además, instruyó al comité para que promueva activamente la presentación de denuncias penales y disciplinarias ante las instancias correspondientes. El documento establece de forma explícita y sin ambages que el comité deberá “promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes”, asegurando que ninguna posible irregularidad quede sin investigación.

La instrucción también incluye un punto específico y crucial: la revisión detallada de actuaciones atribuidas a Danilo Rueda Rodríguez. El objetivo es determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes y pruebas contundentes para iniciar procesos legales en su contra. En el texto se indica que dicho análisis debe hacerse “a partir de la información divulgada públicamente”, garantizando la transparencia, y con el propósito ineludible de establecer responsabilidades individuales y colectivas, si las hubiere, en estos presuntos nexos.

Adicionalmente a las acciones que se emprenderán en el ámbito nacional, el presidente electo ordenó trasladar información relevante a instancias internacionales. Entre estas, se destaca el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que se le deberá remitir la información pertinente “para su conocimiento y evaluación, en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”. Esta medida busca garantizar una investigación exhaustiva y sin fronteras, dada la naturaleza transnacional de las organizaciones narcoterroristas.

El documento también contempla la posibilidad de acudir a otros organismos internacionales de gran relevancia en caso de que las conductas investigadas comprometan obligaciones del Estado colombiano o impliquen presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Esta apertura a la cooperación internacional subraya la seriedad con la que la administración entrante abordará estos señalamientos, buscando el apoyo y la experticia de entidades globales para asegurar la justicia y la verdad.

En el cierre de esta trascendental instrucción, De la Espriella enfatiza el mandato político recibido de la ciudadanía y la imperiosa necesidad de restablecer el orden institucional en el país. “El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia”, señala el texto, reafirmando su compromiso con la legalidad y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Finalmente, el presidente electo solicita que todas estas directrices sean ejecutadas “con la mayor diligencia” y con la prontitud que el caso amerita. Asimismo, exige que se le informe de manera oportuna y detallada sobre los avances, las decisiones adoptadas y los resultados de las investigaciones, manteniendo una supervisión constante sobre este proceso de alta sensibilidad nacional e internacional.