Petro ordenó desclasificar más de 57.000 cajas de archivos reservados del antiguo DAS

Petro dispuso el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La determinación quedó consignada en el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se ordena liberar más de 57.000 cajas de documentos que reposan bajo custodia del Archivo General de la Nación.

La medida se adopta con base en las facultades constitucionales y legales del jefe de Estado, en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en el parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013.

Estas normas autorizan al Presidente para levantar, de manera total o parcial, la reserva de archivos de inteligencia y contrainteligencia antes del término general de 30 años, siempre que no se comprometa la seguridad nacional ni la protección de métodos y fuentes.

Según el decreto, la Ley 1621 regula el régimen de acceso y reserva de la información producida por los organismos de inteligencia, permitiendo incluso prórrogas de la reserva por hasta 15 años adicionales.

No obstante, el mismo marco normativo faculta al Ejecutivo para ordenar la desclasificación en cualquier momento cuando se considere de interés general y no se afecte la vigencia del régimen democrático.

Los documentos objeto de la decisión corresponden a actividades desarrolladas por el DAS, entidad creada en 1960 mediante el Decreto Ley 1717 y liquidada en 2011. Durante décadas, el organismo produjo información relacionada con labores de inteligencia interna y externa, así como con el manejo de recursos clasificados como gastos reservados. Tras su liquidación, el fondo documental quedó bajo custodia del Archivo General de la Nación y sometido a estrictas medidas de reserva, en varios casos por órdenes judiciales.

El decreto establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni indiscriminada. Antes de permitir su consulta pública, los documentos tendrán que pasar por procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, orientados a proteger datos personales, información sensible y elementos que puedan afectar la seguridad del Estado.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, el fondo está conformado por más de 57.000 cajas físicas y cerca de 48.000 soportes electrónicos y analógicos, lo que implica un proceso gradual de organización y acceso.

La Dirección Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación tendrán a su cargo la elaboración y ejecución de un plan de trabajo que incluya protocolos, cronogramas, presupuesto y etapas del proceso de desclasificación. La Procuraduría General de la Nación ejercerá vigilancia preventiva sobre el cumplimiento de estas tareas.

El decreto también incorpora directrices de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha señalado la relevancia de estos archivos para el esclarecimiento de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Además, se prevé la participación de la sociedad civil y de otras partes interesadas en la formulación de observaciones y recomendaciones, con el fin de garantizar el acceso a la información en el marco de los derechos a la verdad y la memoria histórica.

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