Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre riesgos institucionales por convocatoria de consulta popular sin aval del Senado

Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y entidades académicas advirtieron este martes que el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto —sin el aval del Senado— vulnera la Constitución y representa un riesgo para la democracia colombiana.

En un comunicado conjunto, los firmantes califican la decisión como “un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991” y alertan sobre una posible ruptura del principio de separación de poderes.

“El anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado de la República, constituye un abuso y desnaturaliza el propósito del mecanismo de participación ciudadana”, señala el documento.

El pronunciamiento incluye un llamado directo al Gobierno Nacional a no avanzar con la firma del decreto, que, según los firmantes, quebrantaría “abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente en Colombia”.

De igual forma, exhortan a las altas cortes —en particular a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado— a tomar medidas urgentes para salvaguardar la institucionalidad. “Deben aplicar las normas constitucionales y, si lo consideran oportuno, decretar medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional de Colombia”, afirman.

Además de las acciones internas, el comunicado llama a la comunidad internacional a seguir de cerca la situación política colombiana. “Estos hechos no deben entenderse como aislados en el mundo, sino como parte de un preocupante retroceso democrático a nivel global”, advierten.

También expresan respaldo al Congreso de la República, solicitando que se le garantice el ejercicio de sus funciones con independencia, responsabilidad y capacidad de control político.

Las organizaciones aclaran que su posición no responde a intereses partidistas. “No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera”, aseguran. “Romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo”.

Finalmente, el comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía para que actúe con vigilancia y compromiso frente al orden constitucional: “Cuando las formas de la democracia están en riesgo, están en riesgo los derechos de la ciudadanía”.

El comunicado fue firmado el 4 de junio de 2025 por reconocidas organizaciones como Transparencia por Colombia, ProAntioquia, ProBogotá, la Universidad EIA, Fundación Ideas para la Paz (FIP), Dejusticia, Temblores ONG, el Instituto de Ciencia Política, el CEJ, CERAC, Fundación Corona, entre muchas otras.