(EN VIDEO) Uso de menores en protestas Emberá en Bogotá generó denuncias y acciones institucionales tras disturbios en MinInterior
Una jornada de protestas protagonizada por integrantes de la comunidad Emberá en el centro de Bogotá derivó en una serie de denuncias por la utilización de menores durante los enfrentamientos registrados en inmediaciones del MinInterior.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 29 de abril, cuando manifestantes ingresaron a la sede de la entidad y bloquearon sus accesos, lo que provocó la retención de más de 1.200 personas entre funcionarios y trabajadores.
De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes sociales, durante los momentos de mayor tensión varios menores fueron ubicados en la primera línea de la manifestación, en medio de los operativos adelantados por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. En las imágenes se observa cómo algunos adultos entregaban objetos a los niños, mientras estos permanecían frente a los uniformados en un contexto de lanzamiento de elementos y uso de gases lacrimógenos.
Petro se pronunció tras la difusión de los videos y rechazó la presencia de menores en este tipo de escenarios. A través de sus redes sociales manifestó que no admite este tipo de situaciones y reiteró que los niños y niñas deben ser prioridad en la sociedad.

También se registró la reacción de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres, quien cuestionó lo ocurrido durante la jornada. La funcionaria indicó que la entidad interpuso denuncias y solicitó la intervención de autoridades competentes para individualizar a los responsables de la exposición de menores en medio de los disturbios. Señaló además que se ofrecieron alternativas de atención como refugio, alimentación y alojamiento para los niños, pero que estos servicios no fueron aceptados por algunos voceros de la comunidad.

Desde la administración distrital también se emitieron pronunciamientos. La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá informó que durante el desarrollo de las protestas se dispusieron mecanismos de protección para población vulnerable, incluidos menores y mujeres gestantes, pero afirmó que representantes de la comunidad impidieron su acceso. La entidad señaló que esta situación afecta condiciones relacionadas con bienestar, educación y protección integral.

La jornada incluyó momentos de confrontación entre manifestantes y la fuerza pública. Tras varias horas de bloqueo y ante la imposibilidad de evacuar a las personas retenidas, se autorizó la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para habilitar corredores de salida. Durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos, mientras algunos manifestantes respondieron con el lanzamiento de objetos. La presencia de menores condicionó la actuación de las autoridades, que aplicaron protocolos específicos para su protección.
Testimonios recogidos en el lugar señalaron que algunos trabajadores permanecieron dentro del edificio durante varias horas sin poder salir. En medio de la situación, se reportaron escenas de personas solicitando ayuda desde las ventanas. Según información oficial, la evacuación se desarrolló con el acompañamiento de gestores de convivencia de la Alcaldía local y no se reportaron heridos de gravedad.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó lo ocurrido como una retención masiva dentro de la sede institucional. Indicó que las acciones registradas durante la jornada involucraron el bloqueo de accesos y la permanencia forzada de funcionarios en el interior del edificio.
Las protestas de la comunidad Emberá se enmarcan en reclamos relacionados con compromisos sobre retorno a territorios, reubicación, acceso a alimentación y condiciones de atención por parte del Estado. Representantes de los manifestantes han señalado incumplimientos en acuerdos previos, mientras desde el Gobierno se ha informado sobre la realización de mesas de diálogo y la entrega de ayudas.
Días antes de estos hechos, el 27 de abril, se registró otra situación en el albergue La Lupita, donde voceros de la comunidad habrían restringido el acceso y retenido a dos funcionarios distritales. Según la Secretaría de Integración Social, este episodio derivó en denuncias penales contra líderes señalados de participar en la toma del lugar.
Las autoridades nacionales y distritales informaron que continúan las acciones para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores que estuvieron presentes durante las manifestaciones. Entidades como el ICBF y la Procuraduría General de la Nación mantienen seguimiento sobre el caso, mientras avanzan procesos orientados al restablecimiento de derechos de la población infantil involucrada.
La situación permanece bajo observación institucional, en un contexto donde se mantienen las solicitudes de la comunidad indígena y las gestiones de diálogo por parte de las entidades del orden nacional y territorial.


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