(OPINIÓN) La mayor traición de la clase política a los colombianos. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

Como la memoria suele ser frágil e indolente, se hace indispensable realizar un recuento de las aberraciones institucionales que ocurrieron durante ese evento. El objetivo es claro: alertar a la ciudadanía de que los mismos personajes que en pocos meses saldrán desvergonzados a buscar el voto para las próximas elecciones regionales son, en su inmensa mayoría, los mismos que pisotearon el mandato soberano de las urnas y traicionaron la confianza de un país entero.

Es de público conocimiento que el expresidente Juan Manuel Santos traicionó a quien lo llevó a ocupar la Casa de Nariño en el momento mismo de la posesión, dejando al descubierto una catadura moral y un pragmatismo maquiavélico que se confirmaría con creces pocos años después. El 4 de septiembre de 2012, el mandatario confirmó en alocución nacional que su gobierno había iniciado contactos secretos con las FARC y que se había firmado un acuerdo marco para iniciar diálogos formales. Lo más trascendental de su discurso y que a la postre se convertiría en su falacia fundacional fue la promesa solemne de que serían los colombianos quienes tendrían la última palabra. Tras la instalación formal de la mesa en Oslo en octubre, los ciclos de negociación en La Habana arrancaron formalmente el 19 de noviembre de 2012.

Transcurrieron cuatro largos años de concesiones, abusos e impunidad por parte de la cúpula guerrillera. La ciudadanía, agotada del circo diplomático que se escenificaba semana a semana desde Cuba, demandaba el cumplimiento de la palabra empeñada. Llegada la hora de ponerle punto final a las negociaciones, el Ejecutivo debía seleccionar el mecanismo constitucional de participación ciudadana para la refrendación: un referendo, un plebiscito o una consulta popular. Cada uno de estos instrumentos posee dinámicas jurídicas y exigencias electorales abismalmente distintas dentro del ordenamiento colombiano.

Un referendo modifica directamente el texto constitucional y el ordenamiento jurídico, pero exige mayorías estrictas y un umbral de participación colosal. Basta recordar que, en el punto más alto de popularidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su referendo de 2003 vio caer casi todos sus puntos por falta de participación en las urnas y fue por ello que el mismo presidente dijo que no se aplicaría ninguno de los artículos consultados a la ciudadanía. Juan Manuel Santos y su equipo de asesores sabían perfectamente que el proyecto de La Habana carecía del respaldo popular para superar un umbral de participación real. Por ello, desecharon la vía normativa y optaron por un plebiscito, mecanismo de naturaleza puramente política no legislativa y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Ante la inminencia de un rotundo fracaso en las urnas puesto que los textos emanados de La Habana provocaban un hondo rechazo popular, la Presidencia, el Congreso y la Corte Constitucional articularon una triada para acomodar la Carta Magna a sus necesidades. La jugada maestra del establecimiento fue la siguiente: según la legislación estatutaria general, para que un plebiscito sea válido debe registrar una participación de al menos el 50 % del censo electoral (es decir, la presencia obligatoria de más de la mitad de las personas habilitadas para votar, lo que equivalía a unos 17 millones de ciudadanos). Como no tenían cómo movilizar esa masa, el Congreso tramitó a toda marcha el proyecto de Ley Estatutaria 1806 de 2016 para desmantelar la regla del umbral de participación y sustituirla por un «umbral aprobatorio» del 13 %. Eso significa que, si gana el «Sí» y su votación fue superior al 13% del censo electoral, el plebiscito se da como válido y obliga al poder ejecutivo a impulsar su implementación.

Obsérvese la fría sincronía del engranaje institucional: el proyecto fue radicado por el Gobierno en el Congreso el 2 de noviembre de 2015; el Parlamento le dio aprobación relámpago el 16 de diciembre de 2015; y la Corte Constitucional, mediante la controvertida Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016, declaró exequible semejante mutilación a la lógica participativa. El fallo quedó notificado y en firme en agosto de 2016. La maniobra redujo la exigencia de movilizar a la mitad del país a tan solo lograr un 13 % de votos afirmativos sobre el censo electoral (aproximadamente 4,4 millones de votos por el «Sí»). Toda la arquitectura jurídica del Estado se inclinó para asegurarle el triunfo al Ejecutivo.

Con el camino jurídicamente pavimentado, el 30 de agosto de 2016 el presidente Santos expidió el Decreto 1391 para convocar formalmente a los colombianos a las urnas el domingo 2 de octubre. La pregunta redactada para el tarjetón constituyó un ejercicio monumental de manipulación del lenguaje:

«¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?»

¿Quién en su sano juicio se opondría a la terminación de la violencia o a la construcción de una paz estable? La trampa semántica buscaba arrinconar moralmente al votante. Pero el demonio, como siempre, habitaba en los detalles.

Esa "paz estable y duradera" dependía de la aceptación íntegra de un documento denso de 297 páginas, estructurado en 6 ejes temáticos centrales: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Creación del Sistema de Víctimas (con la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD) y por último su Implementación. En caso de ganar el «Sí», como lo prevé la doctrina constitucional del plebiscito, se generaba un mandato político vinculante para el Presidente de la República, mas no sobre el Congreso, el cual retenía intactas sus potestades para discutir las leyes de desarrollo que tenían que pasar por ambas cámaras según los procedimientos impuestos por la Constitución Política.

Aquí radicó una de las más grandes perversiones de la convocatoria: a una ciudadanía que en promedio lee apenas entre 2,7 y 3,8 libros al año métrica que sitúa a Colombia en la deshonrosa última posición dentro de los países de la OCDE en hábitos y comprensión lectora se le pretendió exigir la lectura, asimilación y análisis crítico de un mamotreto técnico de 297 páginas en un lapso inferior a 60 días. Obviamente, la estrategia del Ejecutivo siempre fue esa: mantener al votante en la ignorancia conceptual para que acudiera a las urnas conmovido únicamente por la propaganda oficial y las buenas intenciones.

Todo el aparato del Estado se volcó sin pudor en favor de la opción del «sí». El derroche publicitario, la mermelada presupuestal y la movilización de la coalición de la "Unidad Nacional" generaron una desproporción abismal. Mientras el Gobierno pautaba cifras multimillonarias en publirreportajes y utilizaba la billetera pública, la oposición formal encabezada por el Centro Democrático, sectores del Partido Conservador y movimientos cristianos tuvo que librar una batalla desigual, soportando el señalamiento estigmatizante de ser "enemigos de la paz".

Llegó el 2 de octubre de 2016 y ocurrió el milagro democrático: el «no» se impuso en las urnas. Aunque el margen fue estrecho (50,21 % frente al 49,78 %), en una democracia liberal las decisiones soberanas se respetan se gane por un voto o por millones. El mensaje del constituyente primario fue inequívoco: el texto pactado en La Habana quedaba rechazado de plano y la negociación debía reestructurarse desde sus bases.

Tras el varapalo electoral, se supo que el presidente Santos llegó a contemplar internamente la posibilidad de dimitir al haber fracasado el pilar absoluto de su mandato. Sin embargo, no hizo falta: una casta de traidores de raza acudió al rescate para enmendarle el desastre y burlar el dictamen popular.

Los autoerigidos voceros de la campaña del «no» cometieron la traición más refinada de este proceso. A pesar de que el ciudadano del común votó por el rechazo categórico del documento, los dirigentes del Centro Democrático presumiblemente avalados por el expresidente Álvaro Uribe y representados en las comisiones por Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque, junto al expresidente Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y los sectores evangélicos, se apresuraron a instalar mesas de negociación con el Gobierno en la Casa de Nariño. Al arrogarse una vocería que nadie les otorgó en las urnas para "renegociar" lo que ya se había votado en contra, legitimaron la maniobra del Ejecutivo para salvar el acuerdo.

Tras un maratónico intercambio en Bogotá que acumuló más de 450 propuestas, la delegación oficial viajó a Cuba. Tan solo 40 días después del histórico triunfo del «No», el 12 de noviembre de 2016, el Gobierno anunció desde La Habana la redacción de un "Nuevo Acuerdo". Este segundo texto extendido ahora a 310 páginas apenas incorporó retoque estéticos, precisiones periféricas y cosméticas, manteniendo intactos los ejes de impunidad penal, elegibilidad política inmediata para los responsables de delitos de lesa humanidad y la sustitución de la justicia ordinaria.

Temerosos de sufrir una humillación aún mayor en una nueva consulta popular, el Gobierno y la clase política decidieron despojar al pueblo de su soberanía. El constituyente primario fue marginado deliberadamente. En lugar de someter el texto ajustado a un nuevo plebiscito, el Ejecutivo acudió a una vía supletoria e inconstitucional: envió el texto al Congreso para una simple "refrendación política" mediante proposiciones aprobadas el 29 y 30 de noviembre en Senado y Cámara.

Para rematar el ultraje al Estado de derecho, la implementación de esas 310 páginas se realizó mediante el mecanismo abreviado del Fast Track (Acto Legislativo 01 de 2016), un procedimiento que cercenó los debates parlamentarios, impidió al Congreso modificar el articulado sin el aval previo del Gobierno y convirtió al Poder Legislativo en una mera notaría del Ejecutivo, todo ello bendecido por una Corte Constitucional que actuó como cómplice activa del desmantelamiento institucional.

La traición de la clase política tradicional durante este oscuro pasaje de nuestra historia es la prueba reina de cómo las élites en el poder son capaces de sofocar la voluntad popular con tal de imponer sus agendas. Los peores traidores en esta historia no fueron los partidos gobiernistas que, al fin y al cabo, siempre estuvieron genuflexos para gozar de las mieles del poder. Los peores, los más imperdonables, fueron aquellos que se proclamaron abanderados de la ciudadanía, usurparon el triunfo del «No», se sentaron a negociar en migajas la victoria del pueblo y terminaron dándole al acuerdo la validez jurídica que jamás obtuvo en las urnas.