(OPINIÓN) No miren a la cámara. Por: María Clara Posada

No hay imagen más elocuente de la degradación de la justicia en Colombia que la de Rodrigo Londoño, “Timochenko”, y “Pastor Alape” con herramientas en las manos, en su performance de trabajo arduo en el cementerio de Pitalito, como si las presuntas ocho horas de faena teatral guardaran alguna proporción con la magnitud de los crímenes por los que fueron sancionados.

El tribunal del derroche -JEP- difundió, como gran resultado, las fotografías de los exjefes de las Farc en supuestas labores de búsqueda de desaparecidos. La escena parece tan cuidadosamente preparada que resulta inevitable imaginar al fotógrafo, pagado con nuestros impuestos, obviamente, impartiendo instrucciones. “No se rían”. “Pongan cara de esfuerzo”. “Miren hacia abajo”. “Despéinense un poquito”. Para completar el sainete, casi podemos escucharlo dando una última indicación. “Un momento, les echan agua en la frente para que parezca el sudor del que lleva horas trabajando”.

La ironía sería apenas una ocurrencia si detrás de esas fotografías no existiera una tragedia descomunal. La JEP responsabilizó a siete antiguos integrantes del Secretariado por la política de secuestro y por crímenes cometidos durante el cautiverio, incluidos homicidios, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas. No hablamos de delitos menores, sino de seres humanos, muchos de ellos niños y adolescentes, encadenados, aterrorizados, humillados y convertidos en mercancía de negociación. Por eso las imágenes resultan particularmente hirientes para algunas víctimas. Consuelo González de Perdomo, secuestrada por las Farc, lo resumió así. “Eso sería arrepentimiento. Lo demás es show y teatro”. La Corporación Rosa Blanca calificó una de las fotografías como “propaganda criminal para pedir presupuesto”. Ambas expresiones revelan algo que ninguna estrategia institucional debería ignorar. Aquello que la JEP presenta como restauración puede ser recibido por las víctimas como una nueva humillación. Los siete antiguos integrantes del Secretariado recibieron ocho años de trabajos restaurativos, acompañados de restricciones leves de derechos y libertades. No cumplirán una pena ordinaria de prisión. Frente a la magnitud de sus crímenes, resulta inevitable preguntarse qué representa realmente una fotografía de los máximos responsables con una pala o un machete entre las manos.

Entonces aparece el álbum. Imaginemos la escena futura. Un magistrado de la JEP abre solemnemente el expediente de Londoño o Alape y comienza a examinar las pruebas del cumplimiento de la sanción. Aquí, con una pala. Allá, retirando vegetación. Más adelante, caminando por el cementerio con ojos vidriosos. Después, mirando al suelo como si estuviese avergonzado. Todo cuidadosamente registrado, fechado y archivado. El álbum adquiere así una solemnidad judicial que contrasta brutalmente con aquello que pretende representar. ¿Cuánto cuesta producir y divulgar semejante aparato comunicativo? ¿Cuánto cuestan los fotógrafos, los comunicadores, los funcionarios y toda la logística necesaria para convertir cada jornada en una demostración pública de la justicia restaurativa? Son preguntas que también merecen cifras y transparencia.

Sin embargo, el problema esencial no es presupuestal, sino moral. Mientras se producen fotografías para aparentar que la sanción se cumple, existen familias que todavía buscan a sus muertos. Víctimas que conocieron las cadenas, la enfermedad, las amenazas, las marchas interminables, el miedo a morir y la degradación cotidiana del cautiverio. Familias a las que se les exigió dinero mientras ignoraban incluso si la persona por cuya libertad pagaban continuaba con vida.

Una pala puede remover tierra, pero no reparar una vida. Un machete puede cortar maleza, pero no guarda proporción alguna con años de cautiverio. Un brazalete registra movimientos, pero no mide el sufrimiento. Una cámara puede certificar que alguien estuvo determinado día en determinado lugar, pero jamás demostrar que se hizo justicia. El machete se convierte en un accesorio de la representación. La pala, en utilería. El cementerio, en escena. El expediente, en álbum. La sanción, en coreografía. Una exquisita dirección de arte.

Entre tanto, las víctimas continúan esperando respuestas y buscando a sus muertos. Cuando la justicia convierte el castigo en espectáculo, el victimario ocupa el centro de la fotografía y la víctima desaparece del encuadre. Él sostiene la pala, protagoniza la noticia y aparece cumpliendo su sanción, mientras la víctima, una vez más, queda fuera de la escena. Quizá esa sea la fotografía más dolorosa y más costosa de todas (y con ello no me refiero al derroche vulgar de la JEP sino a un costo peor: el moral, ético y de justicia): la que nunca se tomó.