(OPINIÓN) La infamia del reclutamiento de menores. Por: Diego Arango O

En los últimos años el país ha venido observando el crecimiento inusitado de menores reclutados por parte de grupos armados ilegales que operan ruralmente como urbanos. Se estima que en los últimos 5 años el crecimiento de este fenómeno de niños y jóvenes de 9 años en adelante, tanto hombres como mujeres es alarmante, raptados por parte de grupos como el ELN, las FARC, las disidencias, el Clan del Golfo y otros de esos diferentes clanes.

Human Rights Watchs reporta un crecimiento entre el 300 al 400% de estos reclutamientos, siendo los departamentos más afectados: Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá y Arauca entre otros, quienes registran los mayores índices de riesgo y desvinculación.

Los métodos que estos grupos utilizan principalmente para atraer a estos menores son: plataformas como TikTok y Facebook con contenidos que glorifican la violencia o emplean emojis y mensajes cifrados para atraer a menores, valiéndose incluso de redes de contacto lideradas por otros jóvenes. De otra parte, estos grupos secuestran a los niños y jóvenes sacándolos bajo amenaza de sus padres y llevándolos a los campos de entrenamiento donde les obligan a formar fila, los entrenan en el uso de armas, también en materiales explosivos y asalto a las fuerzas militares y civiles, igualmente en extorsiones, transporte de droga y todo concurso de acciones ilegales.

A las niñas las manipulan para placer sexual de sus comandantes, las ponen a desfilar para que sean escogidas por los jefes y violadas por ellos, incluso a niños también que son abusados sexualmente por algunos de esos perversos “cacorros”, muy comunes en la guerrilla.

Casos de esos han sido denunciados ante el Congreso y las autoridades, inclusive señalando directamente a algunos exsenadores pertenecientes a esos grupos que fueron acogidos en el fallido proceso de paz, como también el caso concreto de niñas que fueron reclutadas a la fuerza por las Farc, quienes señalan a la hoy exsenadora del partido de los Comunes alias “Sandra Ramírez”, exmujer del famoso guerrillero Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo, que era ella quien seleccionaba a las menores ofreciéndolas a sus comandantes para deleite sexual de esos perversos.

Pero aparte del fenómeno de esos grupos, también está el de la delincuencia común, que utiliza menores adiestrándolos como sicarios para cometer crímenes contratados, asaltos a mano armada, robos, transporte y venta de estupefacientes, también armas, así como actos de vandalismo en las ciudades. Jóvenes y niños a quienes les ofrecen dinero mostrándoles riqueza para que se animen a seguir esa vida delincuencial.

En los cascos urbanos dichos reclutadores acuden a barrios marginados de extrema pobreza y ahí captan a estos jóvenes. Los adiestran poniéndolos a trabajar en el crimen, despojándolos de todo índice de valores humanos e inculcándoles odio y resentimiento hacia la sociedad, haciendo uso de sus condiciones desfavorables de vida.

Ahora bien, ¿qué hacer ante ese infame fenómeno? La respuesta siempre ha sido que se debe a la poca atención que el Estado pone en casos como los entornos con alta exclusión social, la falta de acceso a la educación técnica formal; también está la violencia intrafamiliar y la presión directa de pandillas locales que ejercen control territorial. También a las fallas en el sistema judicial, debido a que los sistemas penales para adolescentes a menudo carecen de un enfoque resocializador material efectivo. Esto provoca altas tasas de reincidencia criminal, puesto que cerca de uno de cada cinco jóvenes vuelve a delinquir, aquello debido al acoso de las bandas organizadas y a la tranquilidad por inoperancia del sistema judicial.

¿Qué se puede hacer para mitigar este gran problema? 1. Realizar un monitoreo y bloqueo digital: 2. Coordinar con las plataformas de redes sociales para dar de baja de forma inmediata cuentas de bandas urbanas que promueven apología bélica y captación de menores: 3. Implementar programas de retención escolar urbana: 4. Conceder becas, actividades extracurriculares y subsidios directos en barrios periféricos de alta peligrosidad para evitar que los adolescentes abandonen el colegio: 5. Realizar una efectiva persecución penal a los cabecillas de estas bandas: 6. Fortalecer las investigaciones judiciales para condenar severamente a los adultos que utilizan a menores con el fin de evadir el peso directo de la ley penal: Y 7. Crear rutas de desvinculación y protección integral, espacios seguros gestionados por entidades estatales como la Defensoría del Pueblo para brindar refugio, apoyo psicosocial y formación laboral real a jóvenes en situación de riesgo. Pero, por encima de todo, voluntad política para acabar con esta infamia.